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El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, acusado de liderar una trama de corrupción en la mayor portuaria del país, afirmó hoy que hay «una mala intención» para involucrarlo en delitos de corrupción que no tienen «sustento» y que «son una mentira».
Durante la audiencia de primera declaración que se celebra este jueves en un juzgado de Guatemala, Pérez Molina aceptó declarar ante el juez Miguel Ángel Gálvez, a quien le dijo que «no» entiende las acusaciones en su contra porque «no son cosas reales».
Pérez Molina está acusado por la Fiscalía, junto con la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, de liderar una trama de corrupción para la adjudicación a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) del proyecto de ampliación de la terminal de Puerto Quetzal a cambio de un soborno millonario.
La empresa TCQ forma parte del conglomerado internacional de la antigua compañía española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), que fue vendida el pasado mes de marzo al grupo holandés APM Terminals y que en Guatemala gestionaba la ampliación de la mayor portuaria del país, la terminal de Puerto Quetzal.
Es por esta adjudicación por la que Pérez Molina está imputado de los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude, pero él aseguró que el único objetivo de este proyecto era situar a Guatemala en la primera posición de Centroamérica: «Solo quería un puerto moderno».
«Personalmente en los viajes que hice al extranjero, pocos pero que aproveché muy bien, mantuve encuentros con empresarios a los que animaba a invertir al país», manifestó el expresidente intentando defender así las supuestas reuniones que mantuvo para la adjudicación del proyecto y que según él mejoraron la inversión extranjera en Guatemala.
«Consideré que era una decisión estratégica para el país», arguyó, y agregó que al menos otra veintena de contratos fueron adjudicados de la misma forma.
Revisando unos papeles azules en los que tomó anotaciones durante los días previos de audiencia, Pérez Molina negó haberle dado «ninguna orden» a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti y colaborador eficaz de la Fiscalía en este caso.
«En ningún momento instruí a Juan Carlos Monzón para que negociara comisiones» a cambio de un contrato con TCQ, porque «no recibí ni un centavo por esto», y si el Gobierno decide ahora rescindir el contrato «me tiene flojo», pero, como expresidente, «quiero defender lo intereses del país».
Pérez Molina repitió en varias ocasiones que está dispuesto a dar «la cara» ante la ciudadanía, negó haber recibido «un centavo» por esta trama y aseguró que todas las propiedades que le acusan de haber adquirido con el soborno, yates e inmuebles, no están a su nombre.
EFE
