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La cúpula empresarial guatemalteca demandó hoy al Estado reglamentar de una forma “pronta” las consultas populares a los pueblos indígenas sobre proyectos hidroeléctricos para no poner en riesgo la inversión extranjera.
El presidente del Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), José González, manifestó en rueda de prensa que durante 20 años el Estado ha incumplido con el establecimiento de la reglamentación de las consultas a estos pueblos contempladas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según los empresarios, debido a este incumplimiento las cortes están ordenando consultas retroactivas con lo que se “atenta contra los derechos constitucionales de libertad de industria, comercio, trabajo y propiedad privada”.
Acompañado de los dirigentes de las diferentes cámaras que integran el Cacif, González condenó cualquier acto de violencia contra los proyectos que benefician al país.
Reconoció que en ausencia de una legislación de consultar previas sobre proyectos hidroeléctricos, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), ha realizado “importantes y valiosos esfuerzos” para validar procesos que cumplan con los requisitos del Convenio 169.
El Cacif exigió al Estado que “reglamente en una forma pronta, adecuada y positiva las consultas y que se establezcan y respeten los mecanismos de homologación para los casos en los que hubo diálogo con las comunidades”.
“Es fundamental reconocer los derechos de las inversiones realizadas de conformidad con la ley y la normativa vigente en su momento”, expresó la cúpula empresarial.
En su opinión, por cada 100 megavatios de capacidad instalada de energía renovable que sale de operación se pierden 65.000 empleos directos e indirectos.
Además el Estado deja de percibir 780 millones de quetzales (103,58 millones de dólares), la economía se reduce en 1 por ciento, se incrementa el precio de la tarifa eléctrica y aumenta la contaminación ambiental.
Mientras que en el caso de la minería, según el Cacif, de cerrarse algún proyecto se perdería más de 5.000 millones de quetzales en inversión (664 millones de dólares), más de 1 millón en impuestos (132.800 dólares) y 6.000 puestos de trabajo.
EFE
