La Corte Suprema de Brasil prohibió el jueves las contribuciones empresariales a las campañas y partidos políticos, un tema candente en momentos en que los investigadores del mayor escándalo de corrupción en la historia del país dicen que algunas compañías emplearon ese tipo de financiamiento para ganar lucrativos contratos con la paraestatal Petrobras.
La corte votó 8-3 para bloquear tal flujo de dinero a las campañas, que en los últimos comicios presidenciales representó bastante más del 90% del financiamiento de los principales candidatos.
La asociación de abogados de Brasil planteó el caso ante el máximo tribunal, que lo analizó por primera vez en 2013. No había emitido un fallo porque un magistrado conservador bloqueó una votación final hasta ahora.
«La influencia del poder económico culmina al convertir el proceso electoral en un juego político de cartas marcadas, una pantomima odiosa que transforma al elector en un títere, desmoronando de un solo golpe a la ciudadanía y a la democracia», dijo la juez Rosa Weber al sufragar para que se derogara el financiamiento.
Sin embargo, el Congreso brasileño aprobó una medida diferente la semana pasada que permite la financiación corporativa. Es probable que esa legislación enfrente un veto de la presidenta Dilma Rousseff. Si el veto es anulado por el Congreso, el asunto volvería ante el máximo tribunal de Brasil.
La ley de 1995 derogada el jueves por la noche le permitía a las empresas donar el 2% de sus ingresos brutos del año antes de cualquier ciclo electoral en particular. La nueva medida aprobada por el Congreso limita a las compañías a hacer un total de apenas poco más de cinco millones de dólares en contribuciones.
Petrobras se encuentra inmersa en un enorme escándalo de sobornos debido a que, según los fiscales, grandes empresas de construcción e ingeniería pagaron al menos dos mil millones de dólares en ese sentido durante aproximadamente una década, y a cambio de ello recibieron contratos con la petrolera altamente inflados.
AP