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Un tribunal de Argentina comenzó hoy a juzgar a una veintena de exmiembros de fuerzas de seguridad por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en 1975 y 1976 en el marco del Operativo Independencia, que, según la Fiscalía, dio inicio al terrorismo de Estado en la antesala de la dictadura.
El proceso oral y público comenzó en la mañana de hoy en la capital de la norteña provincia de Tucumán, epicentro de la operación que en febrero de 1975 empezó a desplegar el Ejército argentino, con la colaboración de otras fuerzas de seguridad, con el supuesto objetivo de exterminar al grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
En el inicio de las audiencias, el tribunal aceptó apartar del juicio, por motivos de salud, al exjefe del Regimiento de Infantería de Montaña 11 de la localidad de Tupungato Enrique Benjamín Bonifacino, de 84 años, que seguirá bajo régimen de prisión domiciliaria.
Los otros 19 imputados, en su mayoría de edad avanzada, son nueve exmilitares, nueve expolicías y un exgendarme, acusados de 286 crímenes -secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos- en perjuicio de 270 personas.
«Este proceso tiene un valor muy importante. Es un juicio muy esperado por la sociedad de Tucumán», dijo hoy a Efe Mariano Fridman, responsable del Programa Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina.
Fridman, quien estuvo presente en la audiencia de hoy, en la que se comenzó a leer el auto de elevación a juicio, sostuvo que el Operativo Independencia «fue en gran medida un tubo de ensayo del mecanismo de represión que siguió después del golpe de Estado».
«Fue una manera de empezar a gestar lo que en definitiva se va a terminar cristalizando el 24 de marzo de 1976», dijo el funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos, organismo que actúa como querellante en este juicio.
Se prevé que el debate oral se prolongará por varios meses, ya que fueron ofrecidos como testigos alrededor de 1.400 personas.
Según la Fiscalía, el Operativo Independencia -que se desarrolló hasta el 24 de marzo de 1976, cuando los militares dieron el golpe al Gobierno de María Estela Martínez de Perón- constituyó «la primera experiencia de un terror estatal total en Argentina».
De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, se trató de «la primera intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror».
El despliegue militar se inició a partir de un decreto del Poder Ejecutivo por el que dispuso que el comando general del Ejército procediera «a ejecutar las operaciones militares» que fueran «necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos» que actuaban en Tucumán.
Por ello, la Fiscalía ha insistido durante la etapa de investigación del caso que la Justicia citara a Martínez de Perón, actualmente residente en España, a prestar declaración indagatoria, pedido que ha sido rechazado en distintas instancias.
De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía, del total de víctimas cuyos casos se ventilan en este juicio, 17 fueron asesinadas y 116 continúan desaparecidas.
En el Operativo Independencia participaron varios grupos de tareas y, según la acusación, se instalaron al menos once bases militares en la provincia de Tucumán.
De la causa, se desprende además que hubo 41 lugares de detención clandestina en toda la provincia.
EFE
