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“Éste es el tercer decreto de aplicación de la amnistía de iure [por derecho]”, explicó ayer en un comunicado el Ministerio de Justicia, e indicó que este beneficio se aplica “exclusivamente para delitos políticos y conexos como porte ilegal de armas y de uniformes militares, sedición y asonada”.
El decreto de amnistía quedó establecido en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC del 24 de noviembre del año pasado. El Ministerio de Justicia resaltó que dos semanas después de la dejación de armas por parte de las FARC, que se selló el pasado 27 de junio con un acto simbólico en la localidad de Mesetas, “el 95 por ciento de la organización completó su proceso de tránsito a la legalidad”.
Para completar el proceso, los beneficiados debieron ser plenamente identificados como integrantes de las FARC, haber dejado sus armas individuales certificadas por parte de la ONU y firmar un acta con el compromiso de no volver a alzarse en armas.
A juicio del Ministerio de Justicia, el colombiano es “un modelo a seguir para futuros procesos de paz en el mundo”.
