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Los acuerdos de paz a los que el Gobierno colombiano y las FARC esperan llegar en menos de un mes deben materializarse en una mayor presencia del Estado en las regiones para superar años de atraso económico y social, dijeron hoy expertos en un foro sobre posconflicto en Bogotá.
Durante décadas, el centralismo del poder en Colombia ha dificultado el desarrollo regional, por lo cual autoridades y especialistas reunidos en la conferencia «¿Cómo construir la paz en los territorios? Los retos de la paz territorial» señalaron que es en los municipios y caseríos donde más debe tener eco la paz que se firme en La Habana.
«No es solo la paz de los fusiles, no es cerrar, ponerle el seguro a las armas, es abrir una etapa mucho más profunda de cambios con una democracia más incluyente, con el reconocimiento de colombianos que por mil razones han sentido que están excluidos del desarrollo económico y de la participación política», advirtió el jefe negociador del Gobierno con las FARC, Humberto de la Calle.
Al anticiparse a un escenario del posconflicto, De la Calle opinó que ese «es el desafío» para «esa paz grande», que, consideró, «exige ahora el compromiso de todos los colombianos».
Para el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, los acuerdos que se sellen en Cuba después de más tres años de negociaciones «tienen que pasar de ser un asunto político, militar y jurídico a un tema que tenga una expresión en el territorio, en las zonas del país que han sufrido el conflicto» y que «han estado excluidas».
«Aquí no se trata de mejorar los indicadores de la geografía, se trata de mejorar los indicadores del nivel de vida de la población», afirmó Pardo.
El ministro señaló que se debe «construir de aquí en adelante un país distinto», que «esté integrado» y donde «no haya unas zonas de primera y unas de segunda».
«Que no haya unas regiones en las cuales por imaginario o por realidad el conflicto ha limitado las posibilidades (…) de la gente», agregó Pardo, quien aseguró que Colombia es un «país tremendamente centralizado» y «centralista».
El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, apuntó por su parte que el modelo de que «el Gobierno central va a llevar el Estado a los territorios» ha «fracasado», por lo que propuso construir uno nuevo «de fortalecimiento institucional con la gente, en los territorios».
«La gente lo que más pide en este país, lo que más quiere es que los Gobiernos la oigan, lo que más quiere es que los Gobiernos la reconozcan, lo que más pide es voz», agregó Jaramillo, quien señaló la importancia de construir una «base de confianza» en las regiones.
Entre los desafíos que encarará el Gobierno, el senador y exintegrante de la extinta guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), Antonio Navarro Wolff, mencionó la urgencia de que el Estado haga «presencia integral» en los territorios.
«Cuando se firme la paz debe haber una presencia integral del Estado en el territorio para que llene los espacios que va a dejar de ocupar las FARC, porque si no los llena el Estado (…) los va a llenar otro grupo armado, eso es lo que ha pasado en los 25 años anteriores», declaró Navarro a Efe.
Señaló que garantizar esta presencia es «esencial en los primeros 18 meses» después de la firma de los acuerdos de paz.
Además incluyó como imprescindible un componente financiero, y apuntó que en el primer año se requerirán entre 2.500 y 3.000 millones de dólares para acometer los planes del posconflicto en las regiones.
También María Patricia Giraldo, exalcaldesa de San Carlos, en el departamento de Antioquia (noroeste), mencionó la importancia de la presencia efectiva del Estado y el desarrollo social.
«La violencia se generó por el abandono del Estado en esos lugares más alejados, en esas veredas, esos corregimientos, esos municipios más apartados del país», sostuvo.
Según la exfuncionaria, fue en esos lugares donde se empezaron «a generar los grupos armados ilegales», ya que a esas regiones «no llegaban las oportunidades», «no llevaba el puente que estaban esperando toda la vida», la escuela o «el apoyo al campo».
EFE
