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La oposición brasileña exigió ampliar hoy, con las corruptelas en Petrobras, las acusaciones sobre maniobras fiscales en las que apoya su intención de llevar a la presidenta Dilma Rousseff a un juicio político y agrió el clima en la comisión parlamentaria que definirá la suerte de la mandataria.
La propuesta, que la oposición había adelantado la semana pasada, apunta a anexar a los cargos sobre maniobras fiscales, que ya pesan contra Rousseff, los testimonios de algunos implicados en la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras y han asegurado que la mandataria sabía de ese asunto e intentó obstruir la investigación.
El presidente de la comisión especial de 65 parlamentarios que estudia si existen méritos jurídicos para enjuiciar a Rousseff, Rogério Rosso, se mostró inclinado a aceptar los nuevos cargos y generó así una queja unánime del oficialismo.
El clima se caldeó aún más cuando el diputado Jovair Arantes, que actúa como instructor en el caso, también se declaró a favor de la ampliación de las acusaciones y aseguró que constarán en el informe que presentará a la comisión, en el que recomendará avanzar hacia un juicio político o archivar la causa.
No obstante, la comisión aún no ha definido si al momento de ser leída la acusación contra Rousseff ante la comisión se contemplarán los nuevos cargos, que para la oposición no alteran la denuncia original, pues la supuesta «omisión» del Gobierno con la corrupción en Petrobras también sería un «delito de responsabilidad».
El diputado Henrique Fontana, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), denunció el intento de incluir nuevos cargos en el proceso como «otro paso hacia el golpe que la oposición está gestando».
Fontana afirmó que «una vez que vieron que la acusación original es débil, quieren cambiarla por otra», pero de esa manera «se viola el derecho a la debida defensa», pues «una persona solamente puede defenderse cuándo sabe precisamente de qué se le acusa».
El PT, al que pertenece Rousseff, apoyó su protesta en que el pedido aceptado por la Cámara Baja para iniciar los trámites para un eventual juicio posible se refiere a unas millonarias deudas que el Gobierno acumuló entre 2014 y 2015 con la banca pública y omitió de sus balances.
Esas deudas fueron consecuencia de que el Gobierno no depositó en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
Según la oposición, esa omisión y el uso de la banca pública para financiar los programas sociales del Gobierno constituyen un «delito de responsabilidad», que es una de las causas que la Constitución brasileña contempla para la posible destitución de un mandatario.
La comisión, ante la cual el Gobierno presentará la defensa de Rousseff, analizará el caso durante quince sesiones y, si se pronuncia a favor del juicio político, pasará la palabra al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por una mayoría calificada de dos tercios (342 votos).
Si los diputados le dan luz verde el proceso, la palabra pasará al pleno del Senado, que por mayoría simple decidirá si archiva la causa o inicia lo que sería el propio juicio político.
En ese último caso, Rousseff tendría que separarse del cargo hasta que concluya el proceso, que tiene un plazo de 180 días, y en ese período sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 si se llegase a la destitución
El presidente de la comisión consideró hoy que la decisión, al menos en ese grupo, deberá ser tomada en un plazo de un mes.
«Imagino que para el 11 de abril el informe será votado y podrá ir entonces al pleno de la Cámara», dijo el diputado Rosso, quien sostuvo que «la sociedad brasileña está atenta y quiere que esto sea definido lo más pronto posible».
Mientras la comisión celebraba su reunión, varias decenas de manifestantes que exigen la renuncia o destitución de Rousseff se concentraron en forma pacífica frente a la sede del Congreso y también protestaron a las puertas del vecino Palacio presidencial de Planalto.
EFE
