Justicia salvadoreña imputará por primera vez crímenes de lesa humanidad

(EFE).- La Justicia de El Salvador imputará por primera vez crímenes de lesa humanidad mañana, cuando notifique a un grupo de militares retirados de su inclusión en un proceso judicial por la matanza de mil campesinos en 1981, dijo hoy a Efe un representante legal de las víctimas.

«Por primera vez en este país se les está imputando un delito de lesa humanidad a los militares; nunca en la historia del país se había visto eso», aseguró Wilfredo Medrano, miembro de la organización que representa a las víctimas y sus familiares, Tutela Legal «María Julia Hernández».

Este proceso es el primero que se reabre a partir de la anulación en julio de 2016 de la Ley General de Amnistía de 1993, que impedía investigar los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992) .

La notificación a 18 militares, que comienza mañana, es un acto previo a la toma de declaraciones indagatorias, en la que las víctimas podrán intervenir «como acusadores particulares» con «el objetivo de ligarlos con los hechos que se les están imputando», añadió Medrano.

Explicó que si los militares no se presentan o no nombran un representante para la audiencia especial de intimación, prevista para mañana, el juez «puede declararlos rebeldes y ordenar su detención», aunque prevé que se declaren enfermos para no asistir personalmente.

Según la resolución del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera (noreste), que retomó en septiembre pasado el proceso, la sentencia de la Sala de lo Constitucional del Supremo sobre la Amnistía califica los delitos de lesa humanidad como imprescriptibles.

«Los militares acusados en este proceso tienen calidad de imputados» porque se les «atribuye a través de denuncia y acusación haber participado en los graves crímenes de lesa humanidad» ocurridos en la masacre de El Mozote, dice la resolución del juzgado.

Medrano detalló que 9 militares que formaban la «estructura de mando que ejercía el poder» en el Ejército en 1981 son los primeros citados para este 29 de marzo al tribunal de San Francisco Gotera, donde serán informados de los delitos de los que se les acusa.

Entre estos se encuentra el exministro de Defensa José Guillermo García, deportado en enero de 2016 desde Estados Unidos, donde fue juzgado en 2012 por crímenes de guerra en el conflicto bélico salvadoreño, en un juicio civil en el que se le condenó a indemnizar a las víctimas con 54 millones de dólares.

También el general salvadoreño Juan Rafael Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea entre 1970 y 1989, quien está prófugo por la masacre de 5 jesuitas españoles en ese último año y es requerido por la Audiencia Nacional de España.

Posteriormente, para el 30 de marzo está citada la «estructura de mando que tenía el batallón Atlacatl», unidad elite del Ejército que perpetró la masacre y también se le atribuye la de los padres Jesuitas.

De acuerdo con el activista, el juez del caso, Jorge Alberto Guzmán Urquilla, «ha actuado de una manera valiente» y con el «respaldo contundente» de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que condenó al Estado salvadoreño por esta masacre en 2012, además de la inconstitucionalidad de la Amnistía.

El Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993 estableció que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del elite Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.