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El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) se anotó hoy una victoria legal después de que la Corte Suprema de Justicia de Perú anuló una condena a 8 años de cárcel dictada en su contra en el 2015 por la compra de la línea editorial de diarios sensacionalistas durante su Gobierno.
La Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que preside el magistrado Javier Villa Stein, admitió por unanimidad el recurso de nulidad presentado por el abogado defensor de Fujimori, William Castillo, contra la sentencia emitida el 8 de enero del 2015 por la Corte Superior de Lima.
Fujimori había sido condenado por el delito de peculado (malversación de fondos públicos) y también debía pagar tres millones de soles (unos 900.000 dólares) por el llamado caso de los «diarios chicha», como se conoce en Perú a los diarios sensacionalistas.
La sentencia del año pasado había determinado que Fujimori había sido responsable de haber dispuesto la ejecución y la financiación, con unos 122 millones de soles (36,9 millones de dólares) de fondos de las fuerzas armadas, de los ataques de los «diarios chicha», controlados por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), contra opositores a su campaña para la segunda reelección en el 2000.
No obstante, los cinco miembros del tribunal supremo decidieron la «nulidad» de esa sentencia y lo absolvieron de la acusación por el delito contra la administración pública-peculado doloso.
El hijo menor del expresidente y legislador del partido Fuerza Popular, Kenji Fujimori, escribió en Twitter que respetaba las sentencias judiciales.
«Lo tomamos con alegría, no podemos olvidar que son más de 10 años que mi padre está privado de su libertad», agregó en la red social, minutos después de la publicación de la sentencia en los diarios locales.
Los magistrados de la Corte Suprema dispusieron, además, «la anulación de sus antecedentes penales y judiciales generados» y ordenaron «su inmediata libertad, siempre y cuando no exista en su contra otra orden o mandato de detención emitida por autoridad competente».
El exmandatario, de 78 años, cumple desde el 2009 otra sentencia a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, que ha sido ratificada por diferentes instancias, incluida la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.
Fujimori ha pedido por segunda vez un indulto humanitario, que el expresidente Ollanta Humala rechazó en 2013, y actualmente está siendo evaluado por el Ministerio de Justicia, a pesar de que el gobernante Pedro Pablo Kucyznski ha dicho estar en contra de esa solicitud.
Kuczynski ha planteado que el Congreso, donde el fujimorismo tiene mayoría, presente un proyecto de ley para que el exmandatario pueda cumplir su sentencia en su domicilio.
El abogado de Fujimori, William Paco Castillo, explicó que el expresidente no podía ser condenado por peculado porque la legislación peruana establece que «para que lo cometa el funcionario tiene que tener disposición de esos fondos».
«El fallo es unánime, por fin creemos, de cara a la justicia, que hay que confiar y creer en esta», agregó en declaraciones a RPP Noticias.
En la misma línea, su exabogado César Nakasaki afirmó que «Fujimori no sólo es inocente en este caso, si no en muchos otros casos», pues «un presidente no administra fondos públicos» y para ser acusado por peculado «tienes que ser quien administra los fondos públicos».
Por su parte, el procurador anticorrupción Joel Segura declaró al diario El Comercio que el magistrado Villa Stein «cree que solo se puede cometer delito de peculado cuando se tiene dinero en la mano».
«Pero ese no es el caso de Fujimori. A él se lo acusa por su capacidad de disposición», enfatizó.
En 2014, el exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) vicealmirante retirado Humberto Rosas reconoció ante el tribunal que existió el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas para ser utilizados en la campaña de reelección de Fujimori y que desde 1998 la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y el Ejército entregaban 250.000 dólares mensuales, cada uno.
El abogado Carlos Rivera, representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), declaró, por su parte, que la decisión del tribunal supremo le parece «verdaderamente lamentable y sumamente peligrosa para la lucha contra la corrupción en el Perú».
EFE
