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(EFE).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, urgió hoy al Parlamento a que apruebe las reformas penales que promueve el poder Ejecutivo para evitar que el país caiga en el mismo patrón criminal que vivió El Salvador.
Hernández dijo en una comparecencia en la Casa Presidencial que ha venido revisando desde hace tiempo que «el mismo patrón criminal que se vivió en El Salvador es prácticamente lo que empezamos a vivir en Honduras».
Además, eso «se ha convertido en una escalada terrorista de estos grupos criminales» (pandillas), indicó el gobernante, quien fue acompañado por autoridades de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA).
«Uno se pregunta: ¿Cuánto tiempo o cuántas vidas se tienen que perder para que entendamos que tenemos que actuar? Actuar significa hacer cada quien su parte», subrayó el gobernante.
Las reformas al Código Penal que Hernández ha enviado al Parlamento se orientan a calificar como terrorismo hechos violentos como la quema de restaurantes y autobuses, por ejemplo, que ponen en peligro la vida de personas y crean terror entre la población.
La iniciativa del Ejecutivo comenzó a ser discutida hoy en el Parlamento, pero su presidente, Mauricio Oliva, del gobernante Partido Nacional, la suspendió porque un sector de la oposición política comenzó a cuestionar y alzó la voz con señalamientos que consideró no eran adecuados ni respetuosos.
«Muchos andan exacerbados y vamos a esperar que se les baje el gas», enfatizó Oliva al suspender la discusión para otro momento, que no precisó, pero que podría ser mañana.
Según un sector de la oposición política, entre ellos el partido Libertad y Refundación (LIBRE), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado en junio de 2009, con las reformas penales se pretende calificar como terrorismo la protesta popular, lo que rechaza el presidente Hernández.
El presidente hondureño recalcó que la «escalada terrorista» que se identifica en las pandillas armadas en El Salvador, algunas conocidas como «maras», tiene «similitud con lo que ha venido ocurriendo en Honduras», y que no se debe esperar a que se complique o dimensione a tales magnitudes.
Añadió que la violencia de las «maras» en El Salvador es la responsable del desplazamiento forzado de más de 280.000 salvadoreños.
También reiteró que el Gobierno no pretende criminalizar la protesta social, como dicen los líderes de tres partidos de la oposición que han hecho una alianza para evitar, además, que Hernández busque la reelección presidencial en los comicios generales del 26 de noviembre, porque lo consideran «ilegal».
Una coalición hondureña de organizaciones defensoras de los derechos humanos también rechazó hoy la reforma penal pues considera que pretende criminalizar la protesta social.
Sobre la reelección presidencial, la Constitución de Honduras no lo permite bajo ninguna modalidad, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de 2015, dejó abierta la posibilidad.
