El primer análisis de la denuncia será hecho por el juez Edson Fachin, instructor del caso en la Corte, quien decidirá luego si la remite a la Cámara Baja, que tendrá la última palabra sobre el asunto por normas constitucionales, según las cuales Temer será suspendido de sus funciones por 180 días si fuera aceptada.
Es la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder es acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal, como es el caso.
Las sospechas se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo JBS, quienes han declarado que sobornan al mandatario desde 2010 y además han entregado a la justicia unas grabaciones que comprometen al gobernante.
En caso de que el juez Fachin considere procedente la denuncia, la decisión final será tomada por la Cámara de Diputados, que la analizará primero en la Comisión de Constitución y Justicia y luego en el pleno del órgano legislativo.