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La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó hoy la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, que prevé la entrega anual de 8,7 millones de dólares a partidos políticos y con la que espera que «el poder del dinero quede fuera del ámbito de la política».
Las nuevas normas fijan nuevos estándares para la financiación de los partidos y las campañas, así como nuevos requerimientos en materia de transparencia.
«Quiero decirlo con claridad: a partir de ahora, con estas nuevas leyes la reglas del juego de la política chilena cambiaron, son más exigentes, más transparentes, con prohibiciones claras y pérdida de escaño para quienes cometan delitos», señaló hoy Bachelet durante el acto de promulgación, realizado en el Museo Histórico Nacional situado en Santiago de Chile.
La nueva ley consagra una financiación estatal a los partidos de 6.000 millones de pesos (8,7 millones de dólares) anuales entre las colectividades legalmente constituidas y que cumplan con las nuevas exigencias a nivel de transparencia.
Un 20 % del total corresponderá a una aportación básica que se dividirá entre los partidos, mientras que el resto se entregará de acuerdo con la representación parlamentaria o votos conseguidos en los últimos comicios.
Se espera que dentro de algunos días los partidos reciban la primera cuota de la financiación, que corresponderá a los meses de enero, febrero, marzo y abril.
«Estamos fijando nuevas reglas para nuestra democracia, estamos haciendo lo necesario para que la democracia sea un espacio del juego limpio. No queremos para Chile una política que se hace a espaldas de la gente o que pueda verse contaminada por el dinero», recalcó la presidenta.
La nueva normativa prohíbe las aportaciones de personas jurídicas o empresas, rebaja el límite de gasto electoral y fija nuevas restricciones a la propaganda.
Asimismo, disminuye los límites de las donaciones anónimas, que ahora pasan a llamarse «aportes menores sin publicidad», y penaliza las infracciones sobre el control de gasto electoral con la «pérdida del escaño».
«Chile merece una política que se haga de frente, que no tenga nada que esconder, y que se someta al escrutinio público, a la sana competencia y la transparencia», subrayó la mandataria.
Con esta nueva ley, la presidenta chilena espera «cerrar la puerta a las malas prácticas que se habían arraigado» en la actividad política de este país, salpicada por diversos casos de sobornos y financiación ilegal de campañas políticas.
«Estamos dejando el poder del dinero fuera de la política, abriendo las puertas de los partidos al escrutinio público y consagrando sanciones administrativas y penales como nunca antes había habido», enfatizó Bachelet.
La Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia cuadruplica los 1.531 millones de pesos (2,2 millones de dólares) que el Estado entregaba a los partidos desde 2014.
La iniciativa, creada el mismo año en que se inició el segundo mandato de Bachelet, pretendía compensar la merma que implicaba la prohibición de las aportaciones empresariales a la política y la eliminación de la figura de donaciones reservadas.
EFE
