El gobernador de Wisconsin, Scott Walker, promulgó hoy una polémica ley que limita la emisión de tarjetas de identidad a indocumentados en el estado, mientras que grupos proinmigrantes anunciaron un boicot y movilizaciones masivas como protesta.
La SB533 impide a los condados usar recursos propios para emitir las tarjetas, lo que bloquearía el convenio logrado en noviembre pasado entre el condado y la ciudad de Milwaukee para identificar a los sin papeles, el primero de su tipo en el país.
Las ciudades y condados solamente podrán otorgar identificaciones en circunstancias especiales, con una advertencia expresa de que «No se puede usar para votar», ni tampoco para obtener beneficios públicos.
«El gobernador Walker y los republicanos de la legislatura estatal deberían avergonzarse por quitarle a los gobiernos locales la capacidad de reconocer y responder a las necesidades de algunos de sus constituyentes más vulnerables», declaró hoy en un comunicado la directora ejecutiva de Voces de la Frontera, Christine Neuman-Ortiz.
En su opinión, los indocumentados «sufrirán las consecuencias de la intolerancia» del gobierno estatal, pero también los expresidiarios, ancianos o desamparados que no tienen recursos para obtener una licencia de conducir, una identificación estatal o un pasaporte.
Debido a esto, la activista llamó a una movilización masiva en Milwaukee el próximo Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, para protestar contra la «política de odio y división» ejemplificada por la ley SB533.
Asimismo, Voces de la Frontera llamó a boicotear los negocios nacionales e internacionales de la empresa Menard’s, por ser una de las principales patrocinadoras corporativas de los fondos de campaña del gobernador Walker.
«Llamamos a todas las personas con conciencia a no gastar un centavo en Menard’s, y a ayudarnos a que se corra la voz», dice el comunicado.
Durante la discusión del proyecto de ley, los legisladores republicanos dijeron estar preocupados por el mal uso que se podría dar a la identificación, mientras que los demócratas consideraron que la ley era un ataque contra los inmigrantes.
EFE