Tribunal supremo de Iowa analiza caso de derechos de inmigrante mexicana

El Tribunal Supremo de Iowa comenzó hoy a analizar el caso de una inmigrante mexicana para determinar si fiscales locales pueden o no presentar cargos en su contra por un delito que cometió cuando era adolescente debido a la posibilidad de que esos cargos infrinjan la protección que las leyes federales le otorgan.
Los jueces de la Corte Suprema de Iowa escucharon hoy argumentos relacionados con la situación de Martha Aracely Martínez, ahora de 30 años y con residencia legal no permanente en el país, a quien se acusa de haber usado una identidad falsa cuando tenía 17 años para conseguir trabajo.
Específicamente, los altos jueces deberán establecer si las leyes federales (en este caso, de inmigración) tienen prioridad sobre las leyes estatales relacionadas con falsificación de documentos y con robo de identidad.
Si se aplicasen las leyes estatales, entonces los fiscales del condado Muscatine podrían proceder con los cargos presentados en 2014 contra Martínez, quien en el 2003 y años subsiguientes usaba el nombre de Diana Castañeda.
En 2013, Martínez, que llegó a Estados Unidos cuanto tenía 11 años, recibió los beneficios otorgados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Un año después, la mexicana solicitó una licencia de conducir, lo que permitió al Departamento de Transporte de Iowa comprobar que Martínez había usado antes otro nombre.
Subsecuentes investigaciones involucrando a agentes estatales y federales determinaron que existía suficiente evidencia para acusar a Martínez por “uso de documentos falsificados para obtener beneficios”.
El fiscal del condado Muscatine argumentó que los cargos presentados eran válidos, porque cualquier persona que use documentos falsos o cometa robo de identidad enfrentaría los mismos y porque no presentar los cargos significaría dejar de cumplir con la responsabilidad del estado de proteger a sus ciudadanos.
Por su parte, la filial en Iowa de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a Martínez, argumenta que “no existe evidencia” que Diana Castañeda fuese una persona real, es decir, que no hubo robo de identidad.
Además, según ACLU, en esta instancia los derechos humanos y “los intereses humanitarios internacionales” resultan más importantes que los posibles cargos contra Martínez.
En declaraciones publicadas en el sitio web de ACLU Iowa, Rita Bettis, directora legal de esa organización, afirmó que los fiscales del condado Muscatine buscan crear “una zona libre de DACA” porque “los beneficiados por DACA temerán compartir la información real.
No obstante, el subfiscal de Iowa, Darrell Mullins, aseveró en su escrito presentado ante la corte que es “cuestionable” que una orden presidencial anule la autoridad de los fiscales estatales.
Sea cual fuere la decisión del máximo tribunal estatal de Iowa, se anticipa que este veredicto tendrá implicaciones para los beneficiados por DACA en el estado y en todo el país.

EFE