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Los líderes republicanos celebraron hoy que con el empate en el Tribunal Supremo sobre la legalidad de las medidas migratorias del presidente de EE.UU., Barack Obama, para detener las deportaciones se haya puesto freno a lo que consideran un uso extralimitado de su poder ejecutivo.
«Es una victoria en nuestra lucha para restaurar la separación de poderes. El presidente no escribe las leyes, es el Congreso el que las escribe», aseguró el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, en una rueda de prensa posterior a la decisión del Supremo.
Los ocho jueces del Tribunal Supremo empataron hoy en su decisión sobre las medidas migratorias del presidente, con lo que prevalece la decisión de un tribunal inferior que invalidó parte de las medidas ejecutivas para retrasar las deportaciones de millones de jóvenes indocumentados y padres que tienen hijos con residencia permanente o ciudadanía estadounidense.
Obama ya ha ejecutado parte de las medidas de deportación diferida para jóvenes inmigrantes indocumentados, conocida como DACA, pero con la decisión del Supremo queda suspendida una ampliación de la misma y otra que beneficiaba a padres indocumentados de residentes legales (DAPA).
El senador republicano John McCain dijo que el Supremo «ha reafirmado que las acciones unilaterales, que han marcado su mandato (el de Obama), no persistirán».
Ken Paxton, el fiscal general de Texas, estado contra el que se dirimía el caso en el Supremo, aseguró que la decisión deja claro que «una persona, así sea el presidente, no puede cambiar unilateralmente la ley».
El presidente estadounidense intentó promover una reforma migratoria integral que sacara de las sombras a 11 millones de inmigrantes indocumentados, algo que contó con el apoyo de republicanos en el Senado, pero acabó bloqueado por la mayoría republicana de la Cámara baja.
La Casa Blanca intentó por medio de decretos ejecutivos evitar la deportación de millones de jóvenes indocumentados que llegaron de niños al país, han estudiado en Estados Unidos y se consideran estadounidenses, los llamados «dreamers» (soñadores).
Uno de los senadores que apoyó un plan migratorio bipartidista, Marco Rubio, de Florida, consideró hoy que esta es «la decisión correcta. No importa qué solución se prefiera para solucionar nuestro roto sistema migratorio, se debe legislar con el Congreso».
La organización Human Right Watch (HRW) alertó en un comunicado de que la suspensión de medidas de alivio migratorio pone a millones de familias indocumentadas en «serios riegos de abusos».
La oficiosa candidata demócrata a la Presidencia de EE.UU., Hillary Clinton, afirmó que la división en el Supremo es «desgarradora» y «podría separar a cinco millones de familias en riesgo de deportación».
«Considero que el presidente Obama actuó de manera adecuada con su autoridad constitucional y legal al emitir la acciones ejecutivas de DAPA y DACA», añadió Clinton en un comunicado.
La ex secretaria de Estado recordó también que parte del problema del rechazo a las medidas migratorias de la Casa Blanca se debe a que el Senado se sigue negando a ratificar el nominado para el noveno asiento del Supremo, vacante por la muerte de uno de los magistrados de inclinación conservadora.
El líder de la minoría demócrata de la Cámara Alta, el senador Harry Reid, acusó a los republicanos de llevar su estrategia de bloqueo al poder judicial, y reiteró la necesidad de «temer un Tribunal Supremo que funcione» con la aprobación de un nuevo reemplazo.
El rival en las elecciones primarias de Clinton, el senador Bernie Sanders, recordó que los inmigrantes indocumentados también se enfrentan a políticas como las del oficioso candidato republicano, Donald Trump, quien ha prometido deportaciones masivas.
«Más de cuatro millones de futuros estadounidenses se quedan esperando respuestas sobre un sistema migratorio roto. No podemos permitir que su futuro y el de muchas personas vulnerables queden en mano de intolerantes como Donald Trump», aseguró Sanders.
Washington, 23 jun (EFE).- La dulce relación entre el presidente de EE.UU., Barack Obama, y el del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, tuvo hoy un final agrio, cuando sorprendentemente el magistrado no falló a favor de las medidas migratorias del mandatario como había hecho en disputas sobre su reforma sanitaria.
Analistas apuntaban a que Roberts tendría el voto decisivo para salvar el legado de Obama y evitar, como se produjo hoy, un empate entre los ochos jueces del Tribunal Supremo.
Los magistrados se dividieron entre cuatro jueces progresistas y cuatro conservadores y no emitieron un fallo definitivo sobre las medidas migratorias, proclamadas por decreto en noviembre de 2014 y destinadas a frenar la deportación de casi cinco millones de indocumentados.
Las miradas estaban puestas en Roberts porque el juez ya había fallado en dos ocasiones a favor de Obama en casos sobre la Ley de Cuidado Asequible de la Salud, conocida por sus detractores como «Obamacare», firmada por el mandatario hace seis años y que los republicanos prometen derogar si se les presenta la oportunidad.
La posición de Roberts sobre la reforma sanitaria decepcionó a muchos republicanos, que se sintieron traicionados y lamentaron el nombramiento del juez.
Nacido el 27 de enero de 1955 en Buffalo, en el estado de Nueva York, John Roberts se convirtió el 29 de septiembre de 2005 en el decimoséptimo presidente de la máxima instancia judicial de EE.UU. después de haber sido confirmado por el Senado y nominado por el presidente republicano George W. Bush (2001-2009).
Durante sus casi once años al frente de la corte, Roberts se ha esforzado por mostrar que el Tribunal Supremo está compuesto por jueces imparciales y no por políticos que usan toga.
«Los jueces son servidores de la ley, no al revés. Los jueces son como árbitros. Los árbitros no hacen las reglas, las aplican», dijo en 2005 en un comité del Senado durante su proceso de confirmación.
Como presidente del alto tribunal, Roberts se ha enfrentado durante este periodo de sesiones a uno de sus mayores desafíos: dar salida sin mucho escándalo a más de 50 casos que se han visto inevitablemente influidos por la inesperada muerte en febrero del juez conservador Antonin Scalia.
«La sentencia está dictada por un tribunal dividido a partes iguales», dijo hoy la corte al anunciar la decisión sobre las medidas migratorias.
El Tribunal Supremo no especificó qué jueces fallaron a favor o en contra, pero lo más probable es que el mandatario recibiera el respaldo de los cuatro magistrados progresistas: Stephen Breyer, Elena Kagan, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, la primera latina del alto tribunal.
En el lado contrario se debieron situar Samuel Alito, Clarence Thomas, Anthony Kennedy y John Roberts, estos dos últimos considerados más centristas al haber emitido en varias ocasiones el «voto bisagra» en casos de gran importancia.
A pesar de las especulaciones sobre posibles empates, en abril, la jueza progresista Elena Kagan aseguró que el Tribunal Supremo estaba trabajado «muy duro» para evitar divisiones en la corte y su consecuente incertidumbre jurídica.
«Hay que atribuir mucho mérito al presidente del Tribunal Supremo, que en general es una persona que se preocupa por la creación de consenso y ahora con más razón», señaló Kagan.
Aunque Roberts falló en contra de Obama en esta ocasión, no significa que se haya vuelto más conservador.
De hecho, con excepción de los fallos a favor de la reforma sanitaria de Obama, la mayoría de las decisiones del juez se guían por principios conservadores, como la que tomó en 2010 a favor de la donación de cantidades ilimitadas de dinero para apoyar ideas políticas en el caso «Citizens United contra FEC».
Según el columnista Jeffrey Toobin, la relación entre Roberts y Obama en sus primeros momentos fue un poco tensa.
En 2009, como jefe del Tribunal Supremo, Roberts se encargó de tomar el juramento a Obama como presidente y, según Toobin, el momento fue un poco delicado porque los dos hombres cometieron errores al pronunciar el juramento de los presidentes para preservar, proteger y defender la Constitución.
Ese momento marcó también un curioso momento en la historia de EE.UU.: por primera vez un presidente juraba el cargo ayudado por un juez al que se había opuesto a confirmar.
Como senador por Illinois (2005-2008), Obama votó en contra de la confirmación de Roberts en el tribunal, argumentando que se oponía a su filosofía política, a pesar de que no tenía «absolutamente ninguna duda» de que estaba cualificado para el trabajo.
Más allá de los intercambios que tuvieron hace años Obama y Roberts, en lo que los dos podrán coincidir hoy es en la necesidad de que el Tribunal Supremo cuente con nueve jueces para que pueda emitir decisiones completas y no parciales, como la de hoy sobre inmigración.
EFE
