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POR: LESLIE BONILLA MUÑIZ-3 DE FEBRERO DE 2026
Indiana CAPITAL CHRONICLE
Un proyecto de ley modificado en Indiana que exige cooperación local con los esfuerzos federales de inmigración surgió el lunes tras una audiencia maratónica en un comité y ahora se dirige al pleno de la Cámara.
Más de 60 personas declararon durante la reunión de cinco horas, con una docena a favor y cuatro docenas en contra. La legislación avanzó con una votación de 9 a 4.
El Proyecto de Ley 76 del Senado «deja claro a quienes albergan y animan a inmigrantes ilegales que Indiana no permitirá que sus leyes sean ignoradas», dijo la autora del proyecto, la senadora Liz Brown, en un comunicado.
«Las universidades, ciudades y empleadores, obedecen la ley o se enfrentan a consecuencias», continuó Brown, republicana de Fort Wayne.
La legislación impediría que los organismos gubernamentales y las universidades públicas promulguen políticas que limiten la cooperación —incluida la de sus empleados— con las autoridades o leyes federales de inmigración, independientemente del nivel de gobierno que haga cumplir la aplicación.
El Proyecto de Ley del Senado 76 también facultaría al fiscal general del estado para solicitar sanciones civiles de 10.000 dólares por violación consciente e intencionada por parte de organismos gubernamentales y universidades públicas. Solo las cárceles del condado recibirían una advertencia —y 30 días para hacer arreglos— antes de enfrentarse a acciones legales.
Se eliminó una disposición que permitía al gobernador retener fondos a las unidades locales hasta durante un año.
Tras el consentimiento del comité para una enmienda significativa a la «pobre versión del Senado», el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, elogió el proyecto de ley «sustancialmente mejorado».
«No podemos permitirnos medias tintas en este asunto, y no se deben hacer concesiones para mitigar los devastadores efectos de la inmigración ilegal en nuestras comunidades — solo una acción decisiva e inequívoca protegerá la seguridad pública y pondrá a los habitantes de Indiana en primer lugar», dijo Rokita en un comunicado de prensa.
La mala vibra entre Rokita y Brown —que incluye una denuncia por mala conducta contra él— proviene de la negativa de Brown a escuchar una versión de la propuesta el año pasado en su comité, lo que anuló ese proyecto de ley. Rokita calificó su visión previa a la enmienda sobre el concepto de «sin dientes» .
El proyecto de ley exigiría específicamente que las unidades gubernamentales locales cumplan con las solicitudes federales de detención. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. solicita frecuentemente a la policía local y a otros que retengan a los «extranjeros potencialmente peligrosos» durante 48 horas más allá de la fecha en que serían liberados para que los agentes de ICE puedan detenerlos.
Las entidades gubernamentales y sus empleados estarían inmunes tanto a la responsabilidad civil como penal en demandas por acciones que tomen para cumplir con la legislación renovada.
Los partidarios apoyaron un enfoque inflexible.
«Solo hace falta que un presidente demócrata vuelva a la Casa Blanca y abra las compuertas como hizo Biden, y los estados son incapaces de defenderse», dijo Nathan Roberts, cofundador de Save Heritage Indiana. “… (El proyecto de ley) hará de Indiana el modelo de aplicación de la ley migratoria sensata en todo el país.»
Los opositores denunciaron la medida, señalando el despliegue continuo de agentes federales de inmigración en Minnesota por parte de Trump. Dos ciudadanos estadounidenses han muerto este mes en los tiroteos de la «Operación Metro Surge», lo que ha provocado protestas masivas dentro y fuera de las Twin Cities.
«¿Cómo puede ser que estés presenciando las acciones de ICE en Minneapolis — donde han atacado a individuos solo por ejercer sus derechos, e incluso que quitaron la vida de ciudadanos estadounidenses a plena luz del día — tu respuesta … ¿es exigir cooperación con ellos?» preguntó Carmen Ramos, educadora de Indianápolis. “… Necesitamos una reforma migratoria humana, no hombres enmascarados y sin ley.»
El Proyecto de Ley del Senado 76 también apunta a los empleadores, prohibiéndoles emplear a trabajadores no autorizados a sabiendas o intencionadamente, con protecciones para quienes intenten garantizar la elegibilidad a través del programa federal E-Verify u otros medios aprobados por Rokita.
La legislación establece sanciones escalonadas para los empleadores que violen la prohibición. Un tribunal podría suspender la autorización de operación de una empresa durante cinco días laborables u ordenar revocaciones permanentes en todas las ubicaciones de la firma en Indiana, dependiendo del número de infracciones y del historial del empleador.
El secretario estatal de Asuntos Empresariales, Mike Speedy, apoyó la medida.
«Combatir la inmigración ilegal ha sido una prioridad máxima de la administración (del presidente Donald) Trump, y una que el gobernador (Mike) Braun apoya de todo corazón», dijo Speedy, quien añadió que Braun quiere «la versión más fuerte de este proyecto de ley que pueda llegar a su mesa.»
Otras disposiciones contemplarían el uso por parte de inmigrantes de programas de redes de protección social.
La Administración de Servicios Familiares y Sociales tendría que proporcionar el número de no ciudadanos en Indiana que reciban prestaciones públicas y especificar su estatus migratorio en los informes anuales al consejo legislativo. Los hospitales tendrían que registrar el formulario de identificación de los pacientes de Medicaid presentes durante la admisión en informes trimestrales al Departamento de Salud de Indiana.
