Piden bloquear conferencia de Cámara de Comercio de Puerto Rico sobre rescate

Una agrupación ciudadana ha convocado una manifestación para tratar de bloquear la conferencia que la Cámara de Comercio de Puerto Rico prevé celebrar el próximo miércoles para analizar la ayuda que Estados Unidos pretende proveer a la isla a través de la llamada ley Promesa.
Los integrantes de la plataforma “Se acabaron las Promesas” aseguran estar “cansados de las falsas promesas del Gobierno de EE.UU. y el sector que ha endeudado el país”.
Por ello, quieren boicotear la Primera Conferencia Promesa, organizada el próximo 31 de agosto en el hotel Condado Plaza por la Cámara de Comercio de Puerto Rico para analizar las herramientas que provee esa norma para solucionar el problema de la deuda.
“El evento va dirigido a los individuos del sector privado que buscan hacer negocios lucrativos bajo la ley Promesa aprobada por el Congreso de EE.UU., y la Junta de Control Fiscal creada bajo dicha ley”, afirman en su convocatoria.
Recuerdan que la Cámara de Comercio ha dicho públicamente que apoya la ley Promesa y la Junta de Control Fiscal porque va a garantizar que no se aumente el salario mínimo en Puerto Rico y lo va a reducir a 4,25 dólares para los jóvenes.
“¿A quién va a beneficiar ese proyecto? ¿Para quién es la economía y la Promesa que están impulsando?”, se preguntan los convocantes de esta protesta.
Para Xiomara Caro, una de las portavoces de esta plataforma, la ley únicamente beneficia a “un grupo bien pequeño de gente con mucho dinero y poder en el país y en Estados Unidos” para que “sigan transformando a Puerto Rico en un paraíso para millonarios y privilegiados”.
Por contra, “es una Promesa de pobreza y expropiación para nosotros, producto de nuestra relación colonial, y la vamos a parar”, defendió el portavoz de un grupo que en las últimas semanas ya ha llevado a cabo protestas en otros eventos destinados a atraer inversión exterior.
“La Junta -que está previsto que empiece a funcionar en septiembre, integrada por siete miembros designados por Washington- no viene a enderezar el país, como nos quieren hacer creer. Sólo asegurará el pago de una deuda injusta creada por buitres y buscones a costa del pueblo”, afirma.
Puerto Rico, que arrastra una deuda de más de 70.000 millones de dólares, es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.
Sin embargo, Puerto Rico no puede acogerse a la Ley federal de Quiebras estadounidense, ya que dicha norma no considera a la isla como un Estado más, y la Justicia federal ha visto como inconstitucional una norma que el Gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.
Por eso, a finales de junio pasado, el Congreso federal dio hoy luz verde a la ley conocida como “Promesa”, por la que se establece un camino para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico e impone una Junta de Control Fiscal que supervisará la actividad de la Administración pública.

EFE