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Casi 60 días después de que venciera el plazo que dio una jueza federal a las autoridades de inmigración para liberar a todos los menores detenidos bajo su custodia, más de 90 niños siguen encerrados en centros de detención junto a sus padres, afrontando un “grave y peligroso” riesgo para su salud en medio de la pandemia de COVID-19, denuncian activistas.
Los menores, que se encuentran en los centros de detención que albergan familias en Dilley y Karnes (Texas), y en Berks (Pennsylvania).
La magistrada reveló que la ley no permite que los niños inmigrantes estén en detención por más de 20 días y que se exige a las autoridades brindarles seguridad.
ICE ha instituido una política de cuarentena obligatoria para todos en los centros de detención familiar durante las dos primeras semanas de la llegada de los extranjeros, situación que dificulta hablar con estos inmigrantes, que se encuentran aislados.
Esta política de aislamiento también ha causado separaciones familiares dentro de los mismos centros, denuncian los defensores de los inmigrantes.
“En muchos casos no se les permite verse. En el mejor de los casos durante media hora al día. A veces, solo en FaceTime para hablar entre ellos”.
