Georgia cierra periodo de sesiones sin aprobar medidas antiinmigrantes

La Asamblea General de Georgia cerró hoy su periodo de sesiones sin sacar adelante propuestas que afectaban a la comunidad inmigrante local, entre ellas una norma que negaba el acceso a licencias de conducir a los beneficiarios del programa federal de la Acción Diferida (DACA).
Tras una larga jornada que se extendió hasta la madrugada de hoy, el legislativo de Georgia no alcanzó a discutir el proyecto SB6, que en lugar de una licencia de conducir regular proponía que los «soñadores» recibieran una identificación especial que los identificaba como personas «sin estatus legal».
«Este es un paso adelante en la búsqueda de la igualdad de derechos para todos en Georgia», declaró a Efe Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza Hispana Pro Derechos Humanos (GHLAR), una organización civil que se opuso al proyecto de ley.
De acuerdo con la activista, el avance de este tipo de propuestas legislativas es un reflejo de la retórica antiinmigrante que usan algunos precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos.
«Son muchos los estados que están pasando medidas contra los inmigrantes y eso habla sobre lo que nosotros decimos es el ‘efecto Trump’, como parte de toda la retórica que se está dando de discriminación y criminalización de las comunidades», ahondó Nicholls.
La activista señaló que continuarán «vigilantes» en Georgia, porque «cada año se busca cómo criminalizar a las comunidades» inmigrantes de este estado.
El legislador republicano Joshua McKoon, autor de la medida y que el año pasado intentó aprobar sin éxito una propuesta similar en el legislativo estatal, ha dicho que la medida busca eliminar el riesgo de «fraude con el registro de votantes, el acceso a edificios públicos y otros usos» asociados a las licencias de conducir.
Desde que fue aprobado en 2012 por el presidente Barack Obama, el programa de la Acción Diferida (DACA) otorga presencia legal en el país, así como un permiso temporal de trabajo y licencia de conducir, a los jóvenes indocumentados arribados al país durante su infancia.
En el periodo de sesiones que concluyó hoy tampoco lograron ser debatidas otras dos medidas calificadas de antiinmigrantes por los activistas locales.
Una de ellas, la HB787, establecía que sólo los ciudadanos estadounidenses o inmigrantes legales con más de cuatro años de residencia en el estado podían participar en concejos o juntas locales, mientras que la SR675 buscaba convocar un referendo para establecer el inglés como idioma oficial del gobierno estatal.