Exdirectivos judiciales hondureños serán procesados por casos de corrupción

El presidente del Poder Judicial de Honduras, Jorge Rivera, habla hoy, miércoles 15 de abril de 2015, durante la reunión ordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, en Managua. Nicaragua asumió hoy la presidencia temporal del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, y se comprometió a "mejorar la actuación, los poderes judiciales, y hacer una administración más eficaz y efectiva". La titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, Alba Luz Ramos, dirigirá el Consejo Judicial durante un período de un año, al relevar en el cargo al presidente del Poder Judicial de Honduras, Jorge Rivera. EFE/Mario López.

(EFE).- Un juzgado hondureño dictó hoy auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión contra seis exdirectivos del Consejo de la Judicatura acusados de corrupción, entre ellos el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, informaron fuentes oficiales.

El Poder Judicial hondureño indicó en su cuenta de Twitter que el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Corrupción dictó «auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas» a lo exdirectivos de la Judicatura.

Rivera, quien también fue presidente del extinto Consejo de la Judicatura, es acusado de «131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos», según la denuncia de la Fiscalía hondureña.

Los exdirectivos, excepto Teodoro Bonilla, exvicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, se defenderán en libertad, deberán presentarse a firmar un libro de control y no podrán salir del país.

Bonilla, quien es acusado de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad, cumple desde septiembre de 2017 una pena de 6 años de prisión por intentar incidir en sentencias a favor de dos familiares suyos procesados por blanqueo.

Julio César Barahona, otro exdirectivo judicial, es señalado de «67 delitos de malversación de caudales públicos», mientras a José Francisco Quiroz se le imputan «93 delitos de malversación de caudales públicos», según la acusación.

La exdirectiva Liliam Maldonado es acusada de «67 delitos de malversación de caudales públicos», en tanto el exdirectivo Celino Arístides Aguilera es señalado de «78 delitos de malversación de caudales públicos y 3 delitos de uso de documentos privados falsos».

Aguilera dijo a periodistas que presentará un recurso ante la Corte de Apelaciones para que revise la resolución del juzgado hondureño.

Las resoluciones judiciales «no son santa palabra y tienen expeditos recursos, y vamos a hacer uso de ellos», subrayó el exdirectivo.

Según las investigaciones del Ministerio Público, los acusados tramitaban viáticos para asistir a supuestas giras de trabajo en Honduras y en el extranjero y en «576 ocasiones los mismos no realizaron los viajes y tampoco devolvieron el dinero de gastos de viáticos».

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