Estudio afirma que el Gobierno incentiva colaboración con Inmigración

Los mejores incentivos para que ciudades y condados colaboren con Inmigración en la detención de indocumentados son contribuciones financieras federales, según concluye un estudio en el que se aborda la retención de indocumentados en cárceles.
«La detención de personas para su deportación se ha convertido en un gran negocio, donde el Departamento de Seguridad Nacional incentiva la participación de los gobiernos locales con incentivos financieros», declaró hoy a Efe Jillian Jaeger, autora de la investigación que ha recopilado datos estadísticos desde 2008 a 2014.
Jaeger señaló que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no tiene la capacidad de alojar diariamente a un promedio de 34.000 detenidos, por lo que las prisiones de condados y ciudades «ofrecen la solución perfecta» a un precio de 119 dólares diarios por cama.
La responsable del estudio, una estudiante de doctorado de la Universidad de Boston, estima que la mayoría de los 400 «acuerdos de servicio» firmados por ICE son contratos con establecimientos gubernamentales, aunque hay también un 33 % de cárceles operadas por empresas privadas.
«ICE compensa generosamente a quienes acceden a retener indocumentados, que muchas veces permanecen recluidos mucho más de las 48 horas del período de retención permitido por la ley», afirmó Jaeger.
El arco temporal de su estudio incluye el período de vigencia del controvertido programa Comunidades Seguras de Inmigración, reemplazado hace dos años por el Programa de Ejecución Primaria (PEP), que en opinión de Jaeger «ha seguido el mismo modelo de cooperación» con las autoridades locales.
Shawn Neudauer, vocero de ICE, dijo a Efe que estos contratos con las cárceles de los condados son rutinarios y buscan alojar a los indocumentados mientras se encuentran bajo su custodia.
Agregó que la disposición de 34.000 camas diarias en establecimientos de detención es un mandato del Congreso, y que el tener mínimos garantizados permite negociar precios reducidos y planificar las necesidades médicas y de otro tipo.
«Para cumplir con ese mandato, y usar nuestros recursos limitados de una manera más eficiente, hemos desarrollado acuerdos con ciertas instalaciones», explicó Neudauer, quien recalcó que la disponibilidad de esas camas no impacta de ninguna manera en las prioridades o acciones de ICE.
No obstante, Fred Tsao, de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, dijo a Efe que la investigación muestra «como se alimentan entre sí los sistemas de detención y deportación», con inmigrantes que son innecesariamente arrestados, encarcelados y separados de sus familias y comunidades.
A su turno, Víctor Nieblas, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, señaló el asunto tiene implicaciones políticas y económicas, y agregó que mientras hay ciudades santuario que protegen a indocumentados, otras de Arizona, Misisipi o de Carolina del Sur «quieren colaborar sin dudas» con Inmigración.
En su opinión, debería aplicarse en todo el país una ley como la propuesta en la Asamblea Legislativa de California por el senador Ricardo Lara, que quiere evitar que Inmigración firme contratos con ciudades, condados y centros privados de detención.
«Es mucho dinero el que está en juego para detener a seres humanos que no han violado leyes penales, sino cometido infracciones a la ley de inmigración», dijo a Efe Nieblas.
El vicepresidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en el Medio Oeste, Joe Enríquez Henry, dijo que su organización también se opone a la existencia de estos contratos, en particular con las prisiones privadas que alojan a indocumentados.
En declaraciones a Efe, Enríquez trajo a colación los esfuerzos que realizan los grupos de activistas para evitar que la corporación GEO Group construya en Gary, Indiana, un centro de procesamiento de indocumentados con 800 camas, a poca distancia del aeropuerto local y del aeropuerto internacional O’Hare de Chicago.
La propuesta es estudiada por el Concejo Municipal de Gary, a pesar de las protestas de activistas y grupos comunitarios, que advierten sobre las «violaciones horrendas de derechos humanos y abusos» que GEO Group comete en una instalación similar que administra en Adelanto, California.
«Los indocumentados no deberían ser arrestados, detenidos y obligados a regresar al país del que huyeron», dijo Enríquez.

EFE