Escapan de las pandillas, de la violencia y de la pobreza, o simplemente buscan reunirse con sus padres,, cargando a cuestas traumas y el cansancio físico por un largo caminar a través de peligrosas rutas y desiertos, a veces acompañados por “coyotes”.
Al llegar a la frontera sur, sin embargo, muchos niños y jóvenes se topan con barreras físicas y legales, o terminan en centros de detención.
EE.UU afrontó una crisis humanitaria en la frontera sur con la llegada de decenas de miles de niños no acompañados en el año fiscal 2014, cuando detuvo a 52,000 menores, pero la cifra bajó a cerca de 32,000 en el siguiente año fiscal, gracias en parte a la “mano dura” de México con los migrantes del istmo centroamericano.
Aunque las cifras han disminuido en lo que va del año fiscal 2017, a unos 31,000 niños, testimonios recabados por grupos defensores de los inmigrantes, como LULAC esta semana, dan fe de que el miedo a ser reclutados o a morir a manos de las pandillas en Centroamérica sigue igual de latente entre niños y jóvenes.
El miércoles pasado, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa republicana que modifica la llamada “Ley Willberforce” de 2008, y facilita la “deportación expedita” de niños centroamericanos no acompañados que no sean víctimas de “una forma severa” de tráfico de personas, no tengan casos de asilo válidos, o “no tengan miedo” a ser regresados a sus países de origen.