Congresistas, autoridades en ejercicio y exempleados públicos de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron incluidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos en una lista que los identifica como “funcionarios corruptos”, informó la congresista estadounidense Norma Torres.
La legisladora por el estado de California, nacida en Guatemala, difundió un informe elaborado a petición suya de funcionarios sobre los que existe “información creíble” de su participación en actos de corrupción, como “el tráfico de estupefacientes y la recepción o desembolso de financiación política vinculada al narcotráfico”.
El listado incluye, en el caso de Honduras, a los congresistas Juan Carlos Valenzuela Molina, Welsy Milena Vásquez López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Gustavo Albert Pérez, Óscar Nájera y Gladys Aurora López.
Los legisladores, todos del partido Nacional, el mismo del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fueron incluidos en el informe en la sección de “Altos funcionarios del Gobierno que presuntamente han cometido o facilitado la corrupción o el narcotráfico”.
También fueron mencionados el congresista guatemalteco Boris Roberto España Cáceres; el exministro de economía Acisclo Valladares; el alcalde del municipio de Ocós Carlos Danilo Preciado Navarijo -detenido en enero pasado en Panamá-, y el exprimer secretario del Congreso de Guatemala Felipe Alejos Lorenzana, quien fue sancionado por Estados Unidos en abril pasado y octubre de 2020.
La información difundida por Torres recoge también el registro de altos funcionarios del Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a otros políticos de ese país presuntamente vinculados con corrupción y narcotráfico.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado su intención de combatir la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, como una forma de frenar la migración irregular hacia su país.