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Una corte federal analizó un pedido de invalidar el programa DACA, que protege de la deportación a unos 650,000 jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, y su decisión podría crearle dificultades al gobierno entrante del presidente electo, Joe Biden.
Un juez federal en Houston escuchó los argumentos de Texas y otros ocho estados que buscan poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA.
La audiencia se realizó a tan sólo algunas semanas de que DACA fuera restaurado por un juez federal en Nueva York, en un año que no ha dado respiro a los jóvenes soñadores.
En Estados Unidos, hay 1.3 millones de jóvenes migrantes que son elegibles para el programa, según cálculos del Migration Policy Institute.
Tanto Texas como los otros estados argumentan en esta demanda que los términos originales de DACA violan la Constitución al burlar la autoridad del Congreso en las leyes de inmigración. Aseguran además que el programa agota recursos estatales para la educación y la salud.
Los otros estados que demandan son: Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.
En defensa del programa estará presente un grupo de beneficiarios de DACA representados por el Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educativa (MALDEF, en inglés). Sostienen que Texas y los demás estados no tienen legitimidad procesal, el mismo fundamento con el cual la Corte Suprema desestimó la impugnación estatal de la elección.
