El condado de Gwinnett, en Georgia y que cuenta una numerosa población hispana, renovó hoy el programa 287(g), que permite a agentes locales investigar el estatus migratorio de los detenidos.
La medida fue aprobada por la Junta de Comisionados de Gwinnett, aunque no por decisión unánime, y a petición del alguacil del condado, Butch Conway.
La iniciativa tiene como objetivo la detención de «criminales ilegales» que representen una «amenaza a la comunidad» y ha sido fuertemente criticada por activistas locales, que aseguran perjudica a personas que no concuerdan con este perfil.
«El programa 287(g) ha provocado la separación de familias, algunas de las cuales han vivido en esta comunidad por largo tiempo. Gwinnett, desafortunadamente, lidera el camino en este sentido», declaró a Efe Azadeh Shahshahani, directora legal de la organización Project South.
Entre los años 2007 y 2013, se emitieron 7,595 órdenes de detención contra personas ingresadas en la prisión de Gwinnett, lo que constituye la cifra más alta del estado, de acuerdo a la activista.
«Es muy decepcionante que los comisionados de Gwinnett hayan renovado el programa 287(g) pese a la creciente evidencia que apunta a una cada vez menor confianza en la policía por parte de las comunidades migrantes» y por ende se crean comunidades menos seguras, agregó la activista.
Gwinnett se sumó en 2009 a los condados de Georgia Cobb, Hall y Whitfield, en la implementación del programa con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
El programa 287(g) es una sección de la ley de inmigración vigente desde 1996, que permite a los gobiernos locales recibir fondos federales para entrenar a agentes para llevar a cabo funciones migratorias, como verificar el estatus legal de los detenidos y entregarlos al ICE en caso sean indocumentados.
EFE