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Los tres centros de detención familiares de inmigrantes inmersos en una disputa legal podrían seguir operando más allá de la fecha ordenada por una jueza de California
Los tres centros de detención familiares de inmigrantes inmersos en una disputa legal podrían seguir operando más allá de la fecha ordenada por una jueza de California, quien en agosto dictó que deben liberar a niños y sus madres y cumplir un acuerdo judicial de 1997.
La Corte del Distrito Centro de California falló que las autoridades federales de inmigración violan el acuerdo Flores vs. Meese que prohíbe la detención de menores de edad en centros restrictivos.
La jueza Dolly Gee también fijó como plazo el 23 de octubre para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) cumpla la orden.
A principios de septiembre el DHS respondió a Univision Noticias que estaba en “desacuerdo” con la conclusión final de la corte y reiteró que las instalaciones cuestionadas “son compatibles con el mandato otorgado por el Congreso”.
Agregó que los centros familiares “siguen actuando en consonancia con estas órdenes” y que “seguirá examinando los reclamos de los familiares de los detenidos”.
Los centros en el ojo de la tormenta son el Karnes City y Dilley, ambos en San Antonio, Texas, y un tercero en el condado Berks, Pensilvania. Los tres fueron habilitados tras la crisis de niños migrantes de 2014.
El viernes The Associated Press reportó que una agencia de Texas inspeccionaría los centros ubicados en Texas para determinar si les concede licencias para el cuidado y el alojamiento de menores, y que el paso se enmarca dentro de un esfuerzo del DHS por mantener las instalaciones en marcha y librarse de la orden y del plazo fijado por el tribunal.
Ambas instalaciones, a su máximo rendimiento, tienen capacidad para albergar a 2,932 personas.
“Me he comunicado con varios colegas que están trabajando más de cerca sobre el problema de los detenidos pero nadie supo darme detalles sobre el número de personas que siguen detenidas en esos centros”, dijo Lilia Velásquez, profesora adjunta de la escuela de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Me imagino que ICE no quiere dar información al respecto”.
En el fallo de agosto Gee determinó que los niños migrantes no podían seguir retenidos y que los centros no tienen licencias para alojar o atender a menores.
El estado de Texas, que antes había considerado los centros federales como fuera de su autoridad, creó entonces una nueva categoría de licencias que los ampare.
En caso se rechacen los permisos, el gobierno federal podría sobrepasar la fecha límite del 23 de octubre y afrontar nuevas preguntas y reclamos sobre el futuro de la detención familias en los centros familiares de ICE.
En cuanto al plazo, Velásquez dijo que “también hay dudas porque hay una apelación por parte del gobierno”.
“Es increíble todo el esfuerzo que ha tomado el acuerdo, los nuevos procedimientos y la orden de la jueza. Sin lugar a dudas esta situación no tiene precedente y nuestra frustración aumenta al ver que el gobierno no desea soltar a los detenidos, los cuales viven en condiciones deplorables”, añadió.
Dijo además que “la jueza Gee mencionó en una ocasión que los niños están sufriendo traumas bajo las condiciones en que viven. Tengo entendido que los centros son particulares y solo están arrendándolos. Esto significa que, en cuanto liberen a todos los refugiados, los utilizarán para otra cosa”.
En mayo Human Right Watch (HRW) publicó un informe en el que señaló que la detención indefinida de madres que solicitan asilo y de sus hijos produce “graves secuelas psicológicas”. Dijo que había entrevistado a 25 familias que estuvieron confinadas entre ocho y diez meses, y que relataron el trauma, la depresión y los pensamientos suicidas sufridos.
“El gobierno de Obama ha mantenido confinados a niños afectados por experiencias traumáticas y a sus madres” durante meses, observó Clara Long, investigadora sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “No saben en absoluto cuándo serán liberados y les atemoriza profundamente la posibilidad de ser deportados de nuevo a sitios donde podrían ser asesinados, violados sexualmente o sufrir otro tipo de agresiones”.
El gobierno de Obama reconoció la existencia de una crisis en la frontera el 2 de junio del 2014 tras el arresto, en lo que iba del año fiscal 2014, de poco más de 46,000 niños migrantes cuando intentaban entrar indocumentados al país. En diciembre la cifra había aumentado a 68,000.
Del total de arrestados, más del 95% fue liberado con una orden para presentarse ante una corte y que un juez de inmigración resolviera sus futuros. El resto fue enviado a los centros de detención de ICE y hogares administrados por el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS, por su sigla en inglés).
“Nadie ha respondido aún qué criterios se utilizaron para decidir quién era liberado y quién no”, dijo Velásquez.
Una ley aprobada por el Congreso en 2008 (William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas –TVPRA-) no permite que menores migrantes que viajan solos sean deportados de inmediato como ocurre con los mexicanos; deben ser entregados al HHS para ser procesados de acuerdo al debido proceso.
Long dijo que el gobierno no debió buscar “nuevos mecanismos de supervisión para las detenciones familiares. Lo que se necesita es que el gobierno sencillamente ponga fin a la detención de familias”.
HRW dijo que el derecho internacional prohíbe detener a solicitantes de asilo, excepto como último recurso y únicamente por motivos excepcionales, como la posibilidad de riesgo para la población.
Añadió que la detención familiar es una medida incompatible con estándares internacionales, en particular el principio fundamental de que el “interés superior del menor” debería ser el parámetro de todas las acciones gubernamentales con respecto a menores.
En vez de detener a familias con hijos, Estados Unidos “debería establecer un sistema de supervisión en el ámbito de la comunidad u otras alternativas a la detención, según resulten necesarias, que permitan a las familias salir del sistema de custodia mientras los tribunales migratorios evalúan sus pedidos de asilo”, indicó el reporte.
Long explicó que la detención por tiempo indefinido “produce secuelas psíquicas particularmente graves en quienes se han visto obligados a huir de su lugar de origen. Los niños preguntan a sus madres, ‘¿cuándo podremos irnos?’, y estas madres no tienen una respuesta para darles”.
Univision Noticias preguntó al DHS si había una actualización desde la última declaración emitida a principios de septiembre. No hubo respuesta al cierre de esta nota.
