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POR: Redacción
El fiscal general de California, Xavier Becerra, presentó hoy una demanda contra la administración Trump por lo que consideró su intento “inconstitucional” de forzar a las agencias policiales de California de participar en la aplicación federal de leyes migratorias, en lugar de permitirles usar su discreción para determinar la mejor manera de mantener a sus comunidades seguras.
“California, San Francisco, cumplimos con la Constitución, el gobierno federal debería hacer lo mismo”, dijo Becerra durante una conferencia de prensa el lunes por la mañana donde anunció la querella.
Recalcó que las fuerzas del orden del Estado Dorado están en el negocio de “la seguridad pública y no la deportación”.
El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos colocó condiciones ilegales e inapropiadas de aplicación de leyes migratorias en ciertos donativos de seguridad pública para la aplicación de la ley.
“Esta acción pone en peligro los recursos de lucha contra la delincuencia y amenaza la seguridad de los residentes de California. Más de $28 millones de dólares en fondos federales que usa California para programas que apoyan la aplicación de la ley, prevención de reincidencias, ayuda a víctimas de crímenes y testigos, y jóvenes en riesgo están en peligro”, indica el comunicado emitido por la oficina del fiscal Becerra.
“La administración Trump no puede manipular los requisitos del Fondo Federal de subvenciones para presionar a los Estados, condados o municipios para hacer cumplir las leyes federales de inmigración”, dijo el fiscal general Xavier Becerra al anunciar la querella. “Al colocar condiciones inconstitucionales de aplicación de la ley de inmigración en las subvenciones de seguridad pública, la administración Trump amenaza con dañar una serie de iniciativas de aplicación de la ley en todo California”.
“Esto es pura intimidación que pretende forzar a nuestras agencias del orden a cambiar sus políticas y prácticas para promover la seguridad pública. Es un golpe bajo para nuestros valientes hombres y mujeres que llevan la placa (policial), y a las comunidades que sirven. Lucharemos contra estas acciones federales ilegales que harían a California menos segura”, continuó el fiscal general estatal.
El Congreso ha otorgado $28.3 millones de dólares en subvenciones para la aplicación de la ley a California a través del programa de Edward Byrnes Memorial Justice Assistance Grant (JAG). Cada estado tiene derecho por ley a una parte de estos fondos. Sin embargo, por primera vez, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está imponiendo dos “condiciones especiales” a la recepción de fondos de JAG para obligar a la policía estatal y local a involucrarse en la aplicación de la ley federal de inmigración.
El Presidente Trump firmó una orden ejecutiva el 25 de enero buscando retener la financiación federal para las llamadas “ciudades Santuario”. Esta orden ejecutiva ha sido objeto de retos jurídicos. Conforme a una orden judicial, la orden ejecutiva está sujeta a una medica cautelar nacional.
El fiscal general Becerra ha rechazado constantemente las amenazas del gobierno federal sobre las llamadas políticas de “ciudades Santuario”. En junio, lideró a nueve estados y el Distrito de Columbia en la presentación de un informe de amigo de la corte en la Corte Federal de Estados Unidos, Distrito Norte de California, en apoyo de la ciudad y el condado de San Francisco, el condado de Santa Clara, y la ciudad de Richmond en su desafío a la orden ejecutiva de la administración Trump contra las “ciudades santuario”.
De esta manera, California se une a la ciudad de Chicago y San Francisco que la semana pasada demandó en una corte federal al Departamento de Justicia del país con el argumento de que retener los fondos destinados a la ciudad para equipar a sus policías pone a la población en riesgo y es una acto inconstitucional.
