Beneficiarios de DACA demandan a miembros de Sistema Universitario de Georgia

Un grupo de jóvenes beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) presentó hoy una demanda contra cada miembro de la Junta de Regentes del Sistema Universitario de Georgia por negarles la matrícula como residentes legales del estado.
La demanda fue interpuesta en nombre de nueve jóvenes que no califican para pagar matrícula como residentes pese a haberse graduado de una escuela secundaria en el estado y a que DACA les otorga «presencia legal» en Estados Unidos.
«Georgia tiene la obligación moral de seguir sus propias políticas y reglas, y permitir a miles de residentes de Georgia con Acción Diferida continuar con su educación», dijo Rigoberto Rivera, uno de los estudiantes que encabezan la demanda tras dar a conocer la acción legal.
Una demanda similar -Olvera et all. vs. University System of Georgia Board of Regents- interpuesta en 2014 por un grupo de 39 jóvenes indocumentados contra la entidad fue desestimada en febrero de este año luego de que el juez a cargo de escuchar el caso determinara que las agencias estatales están protegidas bajo la «doctrina de inmunidad soberana».
No obstante, el mismo juez dejó abierta la posibilidad de que los demandantes exigieran una respuesta en su «capacidad individual» a los 20 funcionarios.
La Junta de Regentes de Georgia no reconoce hasta ahora el estatus de «presencia legal» que otorga DACA a los jóvenes indocumentados que llegaron a este país de niños y por ende les exige el pago de matrícula como extranjeros.
De acuerdo con la demanda, los nueve jóvenes cumplen con todos los requisitos exigidos por el Sistema Universitario de Georgia para calificar para pagar la matrícula como residentes, tras haberse graduado de escuelas en el estado, pagar impuestos y haber residido en Georgia desde que llegaron al país.
En 2008, la legislatura estatal aprobó la medida SB492, que explícitamente niega la matrícula como residentes del estado a los jóvenes indocumentados que quieran estudiar en las universidades públicas del estado.
«No entiendo como se le puede negar educación superior a personas que han contribuido al estado. El estado está perdiendo dinero al dejar a esos estudiantes estudiar en otros estados», indicó María Carrillo, otra de las jóvenes que participan en la demanda.
Un informe del Instituto de Políticas y Presupuesto de Georgia (GBPI) de 2015, encontró que no permitir a estudiantes indocumentados pagar matrícula como residentes, le cuesta al estado cerca de 10 millones de dólares al año y tiene un efecto negativo en su economía y nivel de competitividad.
Actualmente hay cerca de 20.000 personas beneficiarias de DACA en Georgia, muchos de ellos recién graduados de la escuela secundaria.

EFE