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Una serie de operativos desarrollados por agentes federales en numerosas ciudades del estado de Utah (EE.UU.) desde el pasado fin de semana culminó el viernes con la detención de 82 indocumentados con antecedentes, informó hoy el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
Los operativos se realizaron desde el pasado sábado en 22 localidades de Utah, aunque la mayoría de arrestos se registraron en Salt Lake City y en el suburbio de West Valley City, al sur de la capital estatal, de acuerdo con una nota de ICE.
Entre los detenidos figuran 74 mexicanos, además de algunos suramericanos y algunas personas de las islas del Pacífico.
«Los arrestados durante la acción de seguridad de esta semana están siendo procesados administrativamente para ser removidos de Estados Unidos», indicó Carl Rusnok, portavoz de ICE.
«Los que ya tenían orden de deportación o que reingresaron ilegalmente a Estados Unidos después de haber sido deportados están sujetos a remoción inmediata de este país», agregó.
La nota especifica que solo dos de los detenidos se encuentra en esa situación.
El pasado jueves, Teresa Salazar, del Consultado General de México en Utah, recordó que los procedimientos de deportación duran aproximadamente dos semanas, durante las cuales los inmigrantes permanecen alojados en centros de detención cerca de la frontera.
Luego, en el caso de los mexicanos, son trasladados generalmente hasta la Ciudad de México, donde reciben ayuda (ropa, boleto de autobús, llamado telefónico) para poder llegar al lugar donde se encuentren sus familiares.
«Ya no es como antes que simplemente los dejaban en la frontera», enfatizó la representante consular.
Hasta el jueves pasado, solo había confirmación de 43 mexicanos arrestados, un peruano y una persona de Samoa, según Salazar.
Por su parte, ICE resaltó que en la mayoría de los casos los antecedentes delictivos de los detenidos están relacionados con conducción con niveles de alcoholemia superiores a los permitidos.
Figuraron también indocumentados con antecedentes por robo, asalto, posesión o distribución de drogas, posesión ilícita de armas de fuego, actividades de pandillas, entre otros delitos.
Por su parte, Tony Yapias, director del Proyecto Latino de Utah, teme que «estos operativos vayan a continuar».
«Tenemos que estar siempre pendientes de lo que hay alrededor de nuestra casa antes de salir a la calle», sugirió.
Los Ángeles (EE.UU.), 6 feb (EFE).- La defensa legal de un indocumentado salvadoreño que estuvo ingresado dos meses en un centro de detención ha pedido hoy que la Policía de San Francisco, California (EE.UU.), investigue si sus agentes habrían incumplido la política de «ciudad santuario» vigente en esta ciudad.
En declaraciones a Efe, Zachary M. Nightingale, abogado defensor del salvadoreño indocumentado Pedro Figueroa-Zarceno pidió que la policía de esa ciudad investigue si se violó la citada normativa, que limita la colaboración entre las fuerzas de seguridad locales y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU.
«Creemos que es importante que el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) no coopere con ICE porque la comunidad no debe temer hablar con la policía», dijo a Efe Nightingale.
La policía de esta ciudad de California confirmó ayer haber iniciado una investigación interna para determinar si es que efectivamente se incumplió la normativa de las «ciudades santuario» con Figueroa-Zarceno, quien fue puesto en libertad el pasado miércoles.
En un comunicado, el portavoz de SFPD Michael Andraychak señaló que los altos mandos de esta oficina estiman que Figueroa-Zarceno «jamás debió haber sido puesto bajo custodia de agentes de ICE» tras abandonar la dependencia policial.
El pasado 2 de diciembre, Pedro Figueroa-Zarceno recibió una llamada de la Policía de esta ciudad en la que le comunicaron que su automóvil, robado el mes anterior, había sido encontrado y podía ir a recogerlo a la Estación sur del SFPD.
Cuando el inmigrante se presentó en la dependencia se le practicó una revisión rutinaria de sus antecedentes y los agentes policiales hallaron una orden de detención en contra del salvadoreño desde el año 2005, emitida en Texas.
De acuerdo con el abogado, los policías se pusieron en contacto con ICE y Figueroa-Zarceno fue esposado, tras lo cual fue entregado a un agente de Inmigración a las afueras de la estación policial, delante de su hija de 8 años, para su posterior traslado a un centro de detención.
Nightingale lamentó que el agente policial que trató con el salvadoreño «desconocía que esta orden de captura se refería a un procedimiento civil, y el inmigrante no representa un riesgo criminal para la comunidad», aunque el abogado saludó que las autoridades policiales reconociera su error.
«Queremos evitar que esto suceda a los demás, y que la comunidad se sienta segura de trabajar con la policía, especialmente cuando uno es víctima de un crimen», indicó Nightingale.
En el comunicado, Andraychak manifestó que «es política del Departamento de Policía de San Francisco promover la confianza y la cooperación con todas las personas de la ciudad y animarlos a ponerse en contacto con los oficiales, sin temor a ser interrogados respecto a su condición migratoria».
Nightingale añadió que Figueroa-Zarceno habría sido víctima de un error del sistema cuando fue detenido por ingresar ilegalmente al país, más de una década atrás, puesto que al ser liberado los funcionarios no anotaron la dirección donde iba a residir y, por tanto, no recibió la notificación de un proceso en su contra, lo que dio pie a la emisión de una orden de deportación en ausencia.
Tras permanecer detenido en un centro de ICE, el caso del indocumentado ha sido reabierto en una corte de inmigración.
El supervisor del Condado de San Francisco, John Ávalos, recalcó que es importante mantener el lazo que se estableció con la comunidad indocumentada cuando la ciudad se convirtió en santuario de inmigrantes.
El año pasado, San Francisco estuvo en medio de la controversia por esta normativa, tras el asesinato de Kathryn Steinle, de 32 años, a manos de Francisco Sánchez, un inmigrante indocumentado con historial criminal que había sido deportado cinco veces a México.
EFE
