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Veinte años después de que entrase en vigor la ley conocida como AEDPA, la primera legislación que autorizaba procesos acelerados de deportación, activistas piden que se derogue las medidas que separan a las familias inmigrantes.
La Ley Antiterrorista y Pena de Muerte Efectiva (AEDPA) fue aprobada el 24 de abril de 1996 como reacción a las bombas en la ciudad de Oklahoma en 1995.
«Cada vez que hay un atentado en contra de la seguridad nacional los políticos inmediatamente cierran su corazón hacia los inmigrantes en general y tienden a imponer leyes más severas en contra de estas comunidades», señaló hoy en entrevista con Efe Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).
El activista manifestó que señalar «al extranjero como el peligro número uno no es un raciocinio correcto ni acertado, como lo hemos visto en situaciones pasadas».
AEDPA fue la antesala de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA) firmada en septiembre de 1996 y que cambió las leyes migratorias en el país y eliminó importantes defensas contra la deportación.
Según un análisis de Alison Parker, codirectora del programa de Human Rights Watch en Estados Unidos, publicado hoy, «estas leyes de inmigración de la era de los 90 también merecen un serio escrutinio y reconsideración».
Según la activista de los derechos humanos, estas leyes han separado familias e incluso han llevado a la deportación de residentes legales que han cometido delitos «considerados disparadores de deportación automática o detención».
Un título de AEDPA, que se refiere específicamente a la remoción y exclusión de terroristas y extranjeros criminales, facilitó el camino para deportar inmigrantes luego de haber cumplido su pena por un delito.
Como consecuencia de estas dos leyes de 1996, tanto las conocidas como «deportaciones exprés», como las detenciones de inmigrantes en busca de asilo se han extendido, argumentó Parker.
«Las leyes también han ayudado a perpetuar un sistema de detención de inmigración innecesariamente expandido», criticó la activista.
En su análisis, Parker cita el caso de Óscar M. (un seudónimo) quien en 2014 fuera «obligatoriamente» detenido durante 11 meses, «luego de entrar a los Estados Unidos buscando protección de su familia y de la policía hondureña que lo había amenazado de muerte por ser gai».
Aunque el hondureño obtuvo el derecho de permanecer en Estados Unidos y la protección contra la deportación como refugiado, el casi un año de detención significó una época muy difícil en su vida, en la que incluso pensó en el suicidio.
El representante demócrata del Distrito 7 de Arizona, Raúl Grijalva, destacó hoy en un comentario publicado por The Nation, los resultados del informe «Negligencia fatal» que critica a las autoridades de inmigración el ignorar las muertes de los inmigrantes en detención.
«‘Negligencia fatal’ es un recordatorio esencial de que muchas de las personas más vulnerables de nuestra sociedad están bajo nuestra propia custodia», afirmó hoy Grijalva.
«Tenemos la responsabilidad no solamente de garantizar su seguridad pero también su trato justo», agregó.
No obstante, las autoridades de inmigración han afirmado repetidamente que cuentan con procedimientos estrictos que garantizan la atención médica y psicológica adecuada para los detenidos.
«El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. toma muy seriamente la salud, la seguridad y el bienestar de todos aquellos que están bajo nuestro cuidado», aseguró la agencia en un comunicado enviado a Efe.
«Las instalaciones de detención del ICE están dotadas con proveedores de salud médica y mental que monitorean, diagnostican y tratan a los residentes en esas instalaciones», agregó la entidad federal.
Cabrera pidió que se tome ejemplo de los errores y no se repitan leyes como las que cumplen este año dos décadas de haber sido promulgadas.
«Los inmigrantes -ya sea recientes o los que tienen aquí varias generaciones- han demostrado su lealtad a este país una y otra vez, y ojalá que el país aprenda de sus errores antes de pasar otra nueva ley como la AEDP», concluyó el activista.
EFE
