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Activistas proinmigrantes consultados por Efe prometen mantener la lucha por una reforma que evite que los protegidos temporalmente por DACA y DAPA se conviertan en una subclase trabajadora sin derecho a la residencia permanente y a la ciudadanía.
«Los decretos son una forma de salir de las sombras mientras se consiguen reformas legislativas sustantivas», declaró hoy a Efe el portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), Jorge Mario Cabrera.
«Tenemos más de 20 años de lucha por la reforma migratoria, y está muy claro que no nos vamos a quedar de brazos cruzados», dijo a su vez Ben Monterroso, de la organización Mi familia vota.
En su opinión, más allá de lo que resuelva en junio el Tribunal Supremo sobre la constitucionalidad de los decretos del presidente Obama, suspendidos por un juez de Texas, la reforma migratoria debe ser exigida al próximo ocupante de la Casa Blanca «en sus primeros 100 días de gobierno», en 2017.
La profesora Ann Lin, de la Escuela Ford de Política Pública de la Universidad de Michigan, ha estudiado las reformas federales a las políticas de inmigración y señaló a Efe que la Acción Diferida para los padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA) es «mucho más importante» que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
DAPA permitiría que hasta un tercio de la población indocumentada pueda trabajar legalmente, pero también podría tener consecuencias de largo alcance que «los defensores de los inmigrantes deberían temer», advirtió.
Según su razonamiento, una vez que Estados Unidos tenga una población de trabajadores inmigrantes que está «legalmente presente», pero no tiene acceso a la residencia permanente y la ciudadanía, «se hace fácil argumentar que los trabajadores extranjeros de bajos salarios no necesitan ni merecen nada más».
Lin señaló que esta realidad pondría al país en camino de alinearlo con algunos países de Europa occidental, en donde los inmigrantes musulmanes son tratados como trabajadores huéspedes sin derechos, lo que «ha conducido a una subclase pobre, excluida de forma permanente», dijo.
Para la profesora, «negar la ciudadanía a los inmigrantes es el pecado original» y aunque el DACA y el DAPA, propuestos ambos por el presidente Barack Obama, pueden ser «mejor que nada», a largo plazo no constituyen un alivio y, mas bien, crearán «una subclase de trabajadores extranjeros».
«Eso lo tenemos absolutamente claro», dijo a Efe Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza Américas.
Para las organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes, la meta a largo plazo sigue siendo luchar por el «pleno derecho» de esta población, de manera que puedan ejercer sus derechos «en la sociedad en la que vivimos», añadió Chacón.
Para Chacón, el problema hoy no es de «intenciones o ideales, sino de poder», porque las comunidades inmigrantes y sus aliados en la sociedad estadounidense no poseen «la cuota de poder económico y político necesarios para lograr los derechos que merecemos».
Con el fin de construir ese poder, el activista propone incrementar el «caudal organizado y de voto» de las comunidades y «combinar ese poder con una amplia política de alianzas».
Monterroso también confía en el poder de las movilizaciones para lograr reformas definitivas, en particular de los jóvenes «soñadores», que no han dejado de luchar a pesar de estar beneficiados con el programa federal de la Acción Diferida.
En su opinión, «la lucha está demasiado grande» y ha llegado a un nivel en el que «se hace muy difícil que nos ignoren, o que podamos abandonar la pelea», afirmó.
El Tribunal Supremo de EE.UU. evaluó el pasado 18 de abril si el presidente, Barack Obama, se excedió en su poder al proclamar en noviembre de 2014 un plan para frenar la deportación de casi cinco millones de inmigrantes indocumentados.
Las medidas, que se centran en jóvenes indocumentados y padres de hijos con ciudadanía estadounidense o con residencia permanente, fueron bloqueadas por iniciativa de una coalición de 26 estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.
El bloqueo propició una disputa legal que ha llegado hasta el Supremo, el cual debe decidir sobre el caso antes del final de junio.
EFE
