Una coalición a favor de inmigrantes presentó hoy una campaña para exigir que California asigne abogados a indocumentados detenidos que no pueden pagar los trámites de refugio, algo similar a la «representación universal» de la ciudad de Nueva York.
«Lo que queremos es un programa para proveer asesoría legal a todas las personas detenidas que están luchando sus casos de deportación aquí en California», explicó a Efe Caitlin Bellis, abogada del grupo Public Counsel.
Como parte de la campaña, la Coalición de California para la Representación Universal divulgó hoy en rueda de prensa el estudio «La crisis del debido proceso de California: acceso a consejo legal para inmigrantes detenidos».
El 68 % de los detenidos en el estado carecen de abogados en sus casos de deportación y los que sí tienen ganan sus casos cinco veces más a menudo que los que no, explicó Bellis.
«La diferencia es muy clara», aseveró.
La abogada destacó que la propuesta a legisladores de California y supervisores de condados es la misma que Nueva York comenzó como plan piloto en 2013 y fue implementada un año después.
«Creemos que si el gobierno federal no hace nada para que tengan un proceso justo inmigrantes indocumentados detenidos, es deber de las autoridades estatales proveer abogados», remarcó Bellis.
La activista además criticó las recientes «amenazas de nuevas redadas de inmigrantes» centroamericanos por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La coalición esta conformada por grupos de defensa civil, activistas y religiosos de la organización Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Social (CLUE).
La hondureña Clara Peña relató a Efe que su hijo Erick Nahum fue asesinado en mayo pasado después de ser deportado por segunda vez.
«El vino cuando estaba pequeño, de 16 años, y lo deportaron», relató.
Peña manifestó que su hijo había regresado con pruebas de que su padre también había sido asesinado y por eso también corría peligro su vida.
Por el contrario, Irma López contó a Efe que gracias a un abogado de Public Counsel obtuvo una visa U para víctimas de violencia doméstica y amenazas.
López agregó que su hija Silvia, con ayuda de un abogado de la misma organización, pudo comprobar las amenazas de que fue objeto en El Salvador y le fue otorgada la visa de protección a víctimas.
La madre lamento que es «injusta» la deportación de menores debido a que sus padres carecen de dinero para pagar un abogado.
«En los países de nosotros lamentablemente hay mucha violencia y ellos no se pueden representar solos», señaló la inmigrante.
Durante el año fiscal 2014 cerca de 480.000 niños y familias centroamericanas cruzaron la frontera sur, en muchos casos huyendo de la violencia y con intención de reunirse con sus parientes en Estados Unidos.
Según el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), más de 223.000 niños sin acompañantes y «unidades familiares» han sido detenidos por las autoridades migratorias desde octubre de 2015, cuando comenzó el año fiscal, hasta abril pasado. El anterior año fiscal fueron detenidos más de 331.000.
Datos de esta agencia federal indican que en 2015 aprehendió a 337.117 inmigrantes al ingresar al país sin documentos y según cifras de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), el año pasado fueron deportados 235.413.
EFE