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La regla que la administración del presidente Donald Trump implementó para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) hiciera más difícil que los inmigrantes obtuvieran la residencia permanente si consideran que en el futuro pudieran obtener beneficios del gobierno es precisamente en lo que se ha convertido la agencia encargada de realizar los trámites migratorios: “carga pública”.
Y es que como entidad del gobierno que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), todo el presupuesto de USCIS proviene de las cuotas que cobra a los inmigrantes por cada trámite que realizan.
Sin embargo, cuando el presidente Trump empezó a modificar su funcionamiento, la agencia ha sido encaminada hacia una crisis financiera cuando hace apenas tres años contaba con un superávit, es decir, sus ingresos eran mayores de lo que gastaba.
