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Algunas de la personas varadas son familias que viajan con niños y con poco dinero.
El gobierno de Costa Rica suspendió el cruce de nicaragüenses provenientes de Panamá, cuyo destino final era Nicaragua, hasta que las autoridades diplomáticas, políticas y migratorias de los tres países establezcan un procedimiento conjunto para la movilización de personas.
La decisión costarricense, anunciada el pasado 27 de junio, se da después de que las autoridades nicaragüenses impidieron, por unas horas, el paso por la frontera de Peñas Blancas en Costa Rica de 120 ciudadanos de su país provenientes de Panamá.
«Somos 47 nicaragüenses en total. Estábamos en Migración Panamá, no nos dieron respuesta. Migración nos dice que Costa Rica no va a dar el pase (permiso para avanzar). Me fui a hablar personalmente con Migración Costa Rica y me dijeron que Nicaragua no ha dado el pase, así nos tienen ‘boleando’ (enviándonos de un lugar a otro) desde el jueves¨, contó Marvin Amaya en declaraciones en un vídeo difundido por la ONG, Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
El grupo llegó a este paso fronterizo después de varias horas de viaje desde la terminal de Albrook en la capital panameña con un solo objetivo, cruzar de Costa Rica de frontera a frontera para llegar a su país. Sin embargo, esto de momento, no será posible.
«Llevamos cinco días durmiendo en el suelo, prácticamente sin dinero para la comida, nos están cobrando un dólar para ir al baño, la gente no tiene, solo tiene dinero para pagar el pasaje (para Nicaragua)», expresó Amaya en alusión a la situación que encara el grupo que está varado en Paso Canoas, zona situada en la frontera entre Costa Rica y Panamá.
El presidente de ANPDH, Álvaro Leiva, lamentó este hecho y responsabilizó al gobierno del presidente Daniel Ortega de la situación.
«Es lamentable como el régimen Ortega-Murillo no tiene la voluntad política para mejorar la radiografía de los derechos humanos, de los derechos constitucionales claramente instituidos en nuestra Constitución Política y aquellos instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos», señaló Leiva.
