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Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, imputado por corrupción en el caso Odebrecht, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que acusa explícitamente al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y al expresidente Enrique Peña Nieto de ser los responsables directos de recibir y gestionar parte de los sobornos de la constructora brasileña.
Al menos 100 millones de pesos (unos 4,5 millones de dólares) habrían ido a parar a la campaña electoral del PRI en 2012. Mientras que otros 400 (18 millones de dólares) fueron destinados para comprar votos de congresistas.
El caso Lozoya avanza así por los cauces previstos después de confirmarse su disposición a colaborar como una suerte de testigo protegido a cambio de beneficios o rebajas en sus cargos y los de su familia. Su madre, su hermana y su esposa también son investigadas por la trama de corrupción.
La estrategia de sus abogados, plasmada en las dos primeras audiencias, fue presentar a Lozoya como una víctima, alguien que fue “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado” por un “aparato organizado de poder”.
