La Administración Trump abandonó oficialmente sus prácticas de bloqueo del aborto a menores migrantes no acompañadas, tras tres años de litigios y lucha por parte de colectivos de inmigrantes y adolescentes afectadas.
El Gobierno del presidente Trump adoptó una nueva política que prohíbe al personal de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) y a trabajadores asociados bloquear o intervenir en el acceso al aborto de menores no acompañadas embarazadas.
Para adoptar la nueva política, ORR puso como condición que la Asociación Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) desestimara un caso que había interpuesto, algo que la organización aseguró haber hecho el mismo martes.
El caso que, según ACLU, dio lugar a esta victoria de las migrantes fue el de Jane Doe, que tenía 17 años cuando llegó en 2017 buscando refugio y se enfrentó a la Administración Trump. En septiembre de 2017, ORR trató de evitar que Doe abortara y fue ahí cuando comenzó una batalla judicial que se extiende hasta esta semana.
A partir de hoy, el Gobierno estadounidense ni ninguna de sus agencias podrá negar el acceso al aborto a ninguna menor no acompañada que haya solicitado refugio o tenga el estatus de refugiada en Estados Unidos.