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El senador de California Ricardo Lara presentó hoy un proyecto de ley que prohíbe a empresas privadas operar centros de detención de inmigrantes en el estado y requiere que las otras instalaciones para tal fin establezcan altos estándares de trato para los detenidos.
Bajo el nombre «Dignidad No Detención», el demócrata Ricardo Lara de Bell Gardens presentó hoy su proyecto de ley SB1289 con el que, aseguró, toma posición «contra la encarcelación masiva de los inmigrantes y la detención en condiciones inhumanas».
«Nuestro estado y nuestros gobiernos locales no deben ser cómplices en esta práctica atroz de enriquecerse con el sufrimiento humano», agregó el senador californiano, durante la presentación de esta iniciativa en la sede del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), en Los Ángeles.
La directora ejecutiva de esta organización, Martha Arévalo, criticó en declaraciones a Efe que en las últimas tres décadas haya surgido una «industria de cárceles privadas» y, en ese sentido, saludó que la propuesta busque impedir que las empresas privadas «sigan beneficiándose financieramente a espaldas de la comunidad».
Arévalo destacó que el proyecto persiga «que las recomendaciones que hizo la oficina del ICE en 2011 sobre un mejor trato para personas indocumentadas en los centros de detención se conviertan en ley y sean el estándar».
La propuesta de ley, además de prohibir que los gobiernos locales y las autoridades federales contraten a empresas privadas para la gestión de centros de detención de indocumentados, permite que los retenidos en estas instalaciones puedan entablar demandas civiles contra sus administradores.
Según datos de ICE, esta institución federal mantiene contratos con empresas privadas para la gestión de cuatro centros de detención en California que albergan unos 3.700 detenidos, entre los cuales figuran indocumentados, extranjeros que han solicitado asilo y otros a la espera de una audiencia en una corte de Inmigración.
ICE declinó hacer comentarios sobre la propuesta de Lara, debido a que la entidad no opina sobre proyectos de ley, pero la portavoz de ICE para la región oeste, Virginia Kice, afirmó en declaraciones a Efe que la institución «está comprometida a tratar aquellos bajo nuestra custodia de una forma segura y humana».
«La agencia tiene una política de cero tolerancia para cualquier tipo de comportamiento abusivo o inapropiado en sus instalaciones y toma muy en serio cualquier queja sobre este tipo de maltrato», señaló.
Bamby Salcedo, presidente y directora ejecutiva de la Coalición TransLatina, que representa al colectivo de transexuales de origen latino, en los centros de detención de inmigrantes administrados por las empresas privadas las personas «son abusadas sexualmente, son acusadas constantemente y también son discriminadas».
Salcedo aseguró que, tanto por su propia experiencia cuando estuvo detenida en el hoy clausurado centro detención de San Pedro, como por referencias de otros casos, «la violencia y la agresión física en contra de la comunidad trans es algo prevalente».
La empresa Geo Group, una de las más importantes operadoras privadas de centros de detención, gestiona en California dos de las más grandes instalaciones de este tipo, el centro de Adelanto, en esta misma localidad, y el de Mesa Verde, en McFarland.
Aunque no quiso comentar en concreto sobre la propuesta de Lara, Pablo Páez, portavoz de esta corporación, aseguró en un comunicado que «las instalaciones de Geo ofrecen servicios de alta calidad en ambientes residenciales seguros y humanos», y, por ello, «rechaza enérgicamente las acusaciones en sentido contrario».
No obstante, para activistas como Arévalo en los centros de detención manejados por compañías privadas no hay «respeto» por las personas, ni forma de saber cuántas irregularidades se cometen contra «las comunidades más vulnerables y las que necesitan más protección».
