Reaccionan a decisión de Santa Ana de cancelar contrato a centro detención

Activistas de Santa Ana, al sureste de Los Ángeles, reaccionaron hoy a la decisión de la ciudad de mantener hasta su terminación el contrato para albergar inmigrantes detenidos por las autoridades federales, incluyendo personas bisexuales y transgénero.
A pesar de que el Concejo de esta ciudad californiana, con casi el 80 por ciento de residentes hispanos, aceptó las peticiones «para no lucrarse con el encarcelamiento de inmigrantes», igualmente argumentó motivos económicos para continuar el contrato hasta su finalización el 30 de junio de 2020.
Tres integrantes de la comunidad transgénero iniciaron este lunes una huelga de hambre para presionar a los miembros del Concejo a que tomen una decisión sobre el cierre de las instalaciones.
«Sabemos que es una causa muy importante y desafortunadamente para nuestros compañeros son las medidas que a veces tenemos que tomar, poner nuestros cuerpos y nuestras vidas en la línea para asegurar que los cambios se hagan realidad», declaró hoy a Efe Bamby Salcedo, presidente de la Coalición Translatina.
A pesar de la cancelación del contrato, los activistas defensores de la comunidad transgénero manifestaron su frustración por la decisión del Consejo de Santa Ana de mantenerlo hasta el final.
«Quienes están realizando la huelga de hambre y los miembros de la comunidad están defraudados de que los oficiales electos no tuvieron el coraje de poner fin a su negocio de detención de inmigrantes», reaccionó hoy en su página de Facebook la organización Juventud Inmigrante Unida del Condado Orange (OCIYU).
Una de las personas que están llevando a cabo la huelga de hambre es Jennicet Gutiérrez, una mujer transgénero que saltó a la palestra pública nacional tras interrumpir un discurso del presidente Barack Obama en un homenaje a la comunidad gay.
Gutiérrez aseguró en entrevista reciente con Efe que según las conversaciones que ha tenido con personas que han estado detenidas en varios centros del país «hay mucho abuso y mucha violencia contra ellas por el hecho de ser transgénero e indocumentadas».
«No podemos seguir permitiendo que nuestra comunidad siga sufriendo dentro de estos centros de detención», escribió Gutiérrez en su cuenta en Facebook en explicación de las razones por las cuales está realizando el ayuno de protesta.
A la mexicana la acompañan en su huelga de hambre el director del Movimiento de Liberación Trans Queer Familia, Jorge Gutiérrez, y Deyaneira García, una estudiante de último grado de preparatoria de la secundaria Segerstrom.
De su parte, los representantes de las organizaciones en memoria de personas que han perdido la vida a manos de indocumentados, también reforzaron sus mensajes sobre la importancia de mantener en la cárcel a los inmigrantes que han cometido delitos graves.
Robin Hvidston, miembro del Proyecto de Remembranza, dijo hoy a Efe que parte de la solución aprobada ayer por el Concejo incluye un programa piloto para crear un comité que considere las preferencias de los transgéneros para las condiciones de su detención.
«Eso parece una solución muy humana», aseguró Hvidston.
Pese a las acusaciones de abuso contra las personas transgénero, las autoridades de inmigración insistieron sobre su política de protección a todos los detenidos.
«El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está comprometido para asegurar la seguridad y el bienestar de todos aquellos bajo nuestra custodia, incluidas las personas que se identifican como transgéneros», señaló la agencia en un comunicado enviado a Efe por la directora de comunicaciones del ICE para la Región Oeste, Virginia Kice.
«ICE aplaude la decisión de la ciudad de proceder con la aplicación de provisiones del Memorando sobre Cuidado de Transgéneros de la agencia, que mejorará aún más los esfuerzos del ICE para atender las necesidades únicas de las personas vulnerables dentro de la población de detenidos de la agencia», agregó.
Según explicó la entidad federal, en la cárcel de Santa Ana opera una única Unidad Transgénero desde 2011, y actualmente hay 28 detenidos de esta comunidad especial en la cárcel, donde en total hay 187 detenidos.
Durante la reunión del Consejo, los miembros debatieron también el tema de como el proyecto de construcción de la cárcel, que incluyó el comando central de la policía, está implicando una deuda anual de 3 millones de dólares.
Según las cifras presentadas por el Departamento de Finanzas de Santa Ana la deuda se terminará de pagar en el 2024 y hasta entonces las instalaciones deberán generar ingresos que ayuden a aliviar esta carga financiera.
Actualmente la cárcel tiene un déficit de 200.000 dólares anuales que se incrementaría a los 3 millones que cuesta la deuda en caso de no tener ingresos.
No obstante, a pesar de los argumentos de la ciudad, los defensores de los inmigrantes transgénero mantuvieron sus críticas y prometieron continuar con su esfuerzo para que no se detenga a estos indocumentados.
«Continuaremos organizándonos y luchando para ver al ICE fuera de nuestra ciudad y exigir responsabilidad a los miembros del Concejo», aseguró Hairo Cortés, coordinador de programas de OCIYU.

EFE