Activistas y residentes de comunidades fronterizas que vigilan y documentan las actividades de la Patrulla Fronteriza en retenes establecidos en la frontera de Arizona pidieron hoy a un juez federal eliminar una restricción de la agencia federal que los obliga a mantenerse a 180 pies de distancia de los retenes.
Durante una audiencia celebrada hoy en la Corte Federal en Tucson, Arizona, los demandantes dijeron a la corte que la Patrulla Fronteriza está tratando de obstaculizar el trabajo de la documentación de abusos de poder y posibles casos de perfil racial en contra de residentes de las comunidades fronterizas.
“Si los voluntarios son obligados a mantenerse a una distancia de 180 pies es muy difícil que puedan observar las actividades en los puntos de revisión, lo que hace difícil determinar si una persona es detenida solamente por el color de su piel”, dijo a Efe Mitra Ebadolahi, abogada con el Proyecto Legal de la Frontera de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en San Diego y una de las abogadas del caso.
Los demandantes también dijeron a la corte que los agentes fronterizos utilizan sus autos para dificultar la visibilidad al reten, incluso prenden sus autos para que el humo que emiten se convierta en otro impedimento.
“Tenemos el derecho de saber porqué la Patrulla Fronteriza está estableciendo estas regulaciones que afectan a las personas que están protestando las acciones del Gobierno federal”, manifestó.
Por su parte, el abogado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que estas regulaciones han sido establecidas primeramente para proteger la seguridad nacional, proteger la integridad de los agentes fronterizos que trabajan en los retenes y para proteger la misma seguridad y la integridad de los protestantes.
Activistas y residentes de la comunidad fronteriza de Arivaca en Arizona comenzaron en el 2014 a vigilar las actividades de la Patrulla Fronteriza en el reten establecido en esta comunidad ubicada aproximadamente a 25 millas de la frontera con México.
Desde entonces han documentados casos de detenciones de indocumentados y de revisiones que toman mucho tiempo.
La corte, que deberá emitir su decisión en las próximas semanas, tiene la opción de desestimar el caso o dar luz verde para que se lleve a cabo un juicio.
EFE