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Al cumplirse el primer año de la aplicación de la ley que otorga licencias de conducir a los indocumentados en California, más de 600 mil permisos han sido aprobados, informaron hoy las autoridades.
La ley AB60 entró en aplicación el 2 de enero de 2015 y en su primer año de operación permitió que más de medio millón de indocumentados de California obtuvieran una licencia de conducir, de lejos el número más grande de cualquier estado del país donde rigen leyes similares.
«Para nosotros es un motivo de orgullo haber llegado a ese número», declaró a Efe Armando Botello, director adjunto de comunicaciones del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California.
Cifras recopiladas por la entidad destacan que hasta el 25 de diciembre los usuarios del servicio bajo la AB60 igualmente realizaron más de 2 millones de visitas a las 174 oficinas y cuatro centros de procesamiento del DMV, según informó su portavoz hispano Artemio Armenta.
«Es una cifra muy significativa porque llegamos al fin de año y sobrepasamos las expectativas. Nunca en la historia el DMV había implementado un programa de este tamaño», destacó Armenta.
El portavoz del DMV resaltó que hubo «aproximadamente 2,1 millones de exámenes -ya sea de conocimiento o de manejo- administrados durante el año».
No obstante, no todo fue fácil en la aplicación de la nueva ley que beneficia a los indocumentados del Estado Dorado.
Inicialmente, a pesar de que el DMV se había preparado anticipadamente contratando cerca de 1000 empleados y abriendo cuatro centros dedicados únicamente a la atención de la AB60, la alta demanda causó largas filas y demoras.
Igualmente, las personas que a principios de año solicitaron sus licencias y que por inconsistencias en su documentación fueron remitidas a una «segunda revisión» vieron demorada la respuesta a sus solicitudes por varios meses.
A pesar de todo, estos problemas operacionales se resolvieron durante el 2015 y al finalizar el año la gran mayoría de los atrasos se había resuelto.
Ante algunas historias que han circulado sobre personas que pueden haber tenido problemas con las autoridades de inmigración al solicitar la licencia, Botello reiteró la recomendación del DMV.
«A las personas que han tenido problemas con la ley, les decimos que, si están en esta situación, busquen la ayuda de un abogado de inmigración», comentó.
El funcionario destacó que un abogado de inmigración es la persona indicada para saber si una persona «está en proceso de deportación o está siendo buscada por las autoridades de inmigración».
Como se anunció desde el comienzo de la aplicación de la nueva medida, las autoridades de control de la ley «tienen acceso a la base de datos del DMV, no sólo de los solicitantes bajo la AB60 sino de todos» aquellos que han aplicado para una licencia de conducir.
No obstante, aclaró el portavoz, éstos «no tienen un acceso abierto: no pueden entrar a la base de datos a buscar una lista de personas que hayan solicitado (la licencia) bajo la AB60 porque no la van a encontrar y tampoco pueden buscar por apellidos latinos para ver que consiguen».
Para buscar a alguien en la base de datos, el ICE necesita el nombre de la persona «y ciertas características» de identificación.
El DMV calcula recibir 1.5 millones de solicitudes en los tres primeros años de aplicación de la ley y sólo en el primer semestre ya se habían recibido lo calculado para el primer año.
Pero, con el ritmo actual de solicitudes y el número total de licencias otorgadas en el primer año, se espera que entre 2016 y 2017 se complete el cálculo inicial de 1 millón y medio de licencias de conducir.
Un análisis del Instituto de Política Pública de California calculó que en California hay más de 1.4 millones de indocumentados que pueden solicitar la licencia de conducir.
Por otra parte, un informe dado a conocer a finales de noviembre por el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), destacó que el tener una identificación facilita la integración de los indocumentados a sus comunidades.
Aunque la licencia otorgada bajo la AB60 no cumple los requisitos de identificación de las leyes federales, si ayuda a que los inmigrantes tengan un documento que los identifica localmente.
Al ofrecer una identificación a los inmigrantes no autorizados, «hay diferentes beneficios y todos estos beneficios ayudan a integrar de una mejor forma a estas personas a la sociedad», declaró Efe Silva Mathema, autora del reporte.
Denver (CO), 4 ene (EFEUSA).- La aparente presencia de actividades fraudulentas para gestionar citas para licencias de conducir para indocumentados de Colorado obstaculizaría cualquier acuerdo en la legislatura local para otorgar suficiente presupuesto para ese programa, indicaron hoy legisladores republicanos.
Según se informó hoy, la fiscalía estatal y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) están investigando la presunta existencia de maniobras ilícitas para conseguir una cita con DMV y, por lo tanto, obtener la licencia.
Se sospecha que ciertas personas (no vinculadas con DMV) estarían dispuestas a aceptar dinero a cambio de que el interesado reciba una cita en corto tiempo, en vez de tener que esperar meses e incluso años, como sucede actualmente.
De confirmarse ese fraude, la bancada republicana, que controla el senado de Colorado, indicó que, como ya lo hizo en 2015, se negará a aprobar cualquier aumento en el presupuesto del programa de licencias para indocumentados y, por el contrario, buscará reducir o eliminar ese presupuesto.
Originalmente aprobado en 2013, el programa entró en vigor en agosto de 2014 con la meta de ser autosuficiente; es decir, solventado por un sobrecargo que deben pagar los indocumentados, y de operar en por lo menos diez de las oficinas de DMV.
Inicialmente se abrieron cinco oficinas de DMV para gestionar las licencias para indocumentados, pero a principios de 2015 ese número se redujo a solamente una oficina cuando el Comité Presupuestario Conjunto de la Legislatura de Colorado, en manos de los republicanos, prácticamente dejó sin fondos al programa.
Posteriores gestiones elevaron a tres la cantidad de oficinas de DMV que atienden a indocumentados, pero con capacidad limitada a 30 trámites por lugar por día. La ley original estimaba que esa cifra solo se alcanzaría en 2017, luego de tres años de servicios a pleno a los indocumentados.
Pero las denuncias de fraude y la «falta de estudios sobre la efectividad del programa» descarrilarían cualquier esfuerzo para expandir el presupuesto del proyecto, expresó este lunes el senador estatal de Cañón City, el republicano Ken Grantham en declaraciones a los medios en el Capitolio de Denver.
Grantham afirmó que los republicanos no ayudarán a los demócratas «a salir de una situación que ellos mismos crearon», en referencia al hecho que la ley fue aprobada cuando los demócratas controlaban ambas cámaras de la legislatura estatal y el hecho que casi ningún republicano votó en su momento a favor de esa medida.
Por su parte, Lizeth Chacón, recientemente nombrada como directora ejecutiva de la nueva Alianza del Pueblo de Colorado, lamentó que la legislatura «no demuestre interés» en un programa que realmente funcione y que sea de ayuda para los 150.000 indocumentados de este estado que podrían beneficiarse con sus licencias de conducir.
EFE
