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Un proyecto de ley en Florida que obligaría a las empresas a verificar que sus empleados no sean indocumentados enfrenta la oposición de los sectores de la agricultura, el turismo y la construcción, que perderían hasta 253,500 empleos, según un informe divulgado por el grupo proinmigrante FWD.us.
La medida, una promesa de campaña del gobernador Ron DeSantis, alineado con las fuertes políticas migratorias del presidente Donald Trump, busca el cumplimiento del programa federal migratorio E-Verify entre empresas vinculadas al gobierno estatal, pero también las privadas.
Esta última parte ha encontrado la oposición de los sectores que mueven la economía en el turístico “Estado del Sol”, que perdería $10,660 millones de dólares en ganancias y $1,250 millones en ingresos fiscales estatales y locales, según el estudio.
El informe enfatiza que los “trabajadores indocumentados ya son contribuyentes importantes a la economía de Florida”.
Precisa que de los aproximadamente 700,000 indocumentados que viven en Florida, unos 440,000 están trabajando o buscando trabajo.
“Estos trabajadores aportan hasta $36,500 millones de dólares anuales en ganancias que permanecen en el estado de Florida”, agrega el documento.
Destaca que una vez que se contabilizan los efectos de su presencia en el mercado laboral, hacen parte de los 868.444 empleos totales en Florida y los 3.900 millones anuales en ingresos fiscales locales y estatales.
En 2019, en su primer año de mandato, el gobernador DeSantis hizo ley un proyecto contra las llamadas ciudades santuario, que protegen a los indocumentados de deportaciones y castiga a las jurisdicciones que no colaboran con ciertas directrices federales de inmigración.
