Deportación y situación carcelaria centra contienda en mayor condado de Texas

La contienda por el cargo de alguacil del condado Harris, el mayor de Texas y donde se asienta Houston, se ha centrado en las diferencias entre el republicano Ron Hickman y el demócrata Edward González sobre el alto número de deportaciones de indocumentados y la sobrepoblación carcelaria.
Mientras el actual alguacil, Hickman está favor de renovar de nuevo el programa federal 287 (g), que establece un acuerdo de colaboración entre las agencias del orden y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), González se opone a él.
El republicano fue centro de críticas durante los primeros meses como alguacil al renovar este programa.
“Lo renové al igual que lo hicieron mis predecesores en el cargo. Existe una desinformación de lo que realmente es el programa porque lo cierto es los inmigrantes que son luego procesados por las autoridades migratorias fueron detenidos por nuestros oficiales por violar las leyes”, dijo a Efe.
Desde que se implementó el programa en este condado, en 2008, unos 20.000 indocumentados han sido llevados ante autoridades de inmigración para su eventual deportación.
González, por su parte, cree que ese programa es peligroso porque separa familias y porque de él se desprende un perfil racial que en suma se convierte en un gasto público que afecta al contribuyente.
“Lógicamente, no renovaré el 287 (g) porque existen otras maneras más eficientes de lidiar y trabajar en conjunto con las autoridades federales como lo han hecho en otras partes del país”, afirmó a Efe el exconcejal municipal y detective del Departamento de Policía de Houston.
Una encuesta realizada en octubre por la Universidad de Houston apunta a un empate técnico entre Hickman (37 %) y González (36 %), en un condado en el que el 42 % de la población es latina.
El otro tema en discordia es la mejora del sistema carcelario del condado, que alberga a unos 9.000 reos al mes.
La propuesta de Hickman incluye una “reforma del sistema existente de fianzas que se otorgan a las personas que reciben libertad condicional” y trabajar con organizaciones cívicas y comunitarias para reducir el índice de reincidencia a través de programas vocacionales.
González advirtió del impacto de esta situación en el presupuesto condal por el pago de “horas extra” que hay que realizar ante la escasez de “personal suficiente para esos menesteres”.
El exconcejal sugiere un modelo que incrementaría la seguridad pública mientras reduce el trámite burocrático de los casos no resueltos, así como disminuir la población penal y mejorar las condiciones carcelarias.

EFE