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La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos escuchó los argumentos orales para determinar si debe ser revocada una ley federal que penaliza a cualquier persona que aliente a un extranjero a venir, entrar o permanecer en el país sin documentos migratorios.
Si la mayoría de los magistrados votan a favor de mantener la ley, el impacto podría ser devastador y de gran alcance, ya que los consejos legales, las declaraciones o las publicaciones por escrito de abogados, activistas y defensores de los inmigrantes podrían ser delitos.
El caso que analiza la Suprema Corte es el de Evelyn Sineneng-Smith, quien a través de un negocio de consultoría de inmigración en California prometía a sus clientes -principalmente inmigrantes filipinos trabajadores en el sector de la salud- un estatus migratorio legal mediante un programa de certificación laboral.
A pesar de que sabía que sus clientes no eran elegibles para el programa, Sineneng-Smith amasó una millonaria fortuna durante los 7 años que estuvo cobrando fuertes sumas de dinero por sus honorarios legales, hasta que en el 2010 fue arrestada y procesada por fraude postal, entre otros cargos.
El estatuto indica: “Cualquier persona que aliente o induzca a un extranjero a venir, ingresar o residir en Estados Unidos, sabiendo o sin importarle que tal ingreso o residencia es o será una violación de la ley, será castigado según lo dispuesto”.
