Esta semana, la Corte Suprema de la Nación, decidió un caso que hará aún más difícil al gobierno retirar la ciudadanía a un inmigrante naturalizado, y la decisión fue unánime, incluyendo al nuevo juez nombrado por el presidente Donald Trump, Neil Gorsuch.
Los jueces rechazaron la posición del gobierno -argumentada por el Departamento de Justicia del ex presidente Barack Obama- de que podrían revocar la ciudadanía de cualquier naturalizado por esconder cualquier detalle de sus antecedentes, aunque el mismo fuera trivial.
Por ejemplo, los abogados del gobierno argumentaron frente a los jueces durante la discusión del caso que si una persona miente al describir sus antecedentes penales en la solicitud de ciudadanía, “aunque sea en cuanto a una infracción de tráfico”, esto se considera una posible base para revocarla.
Los jueces estuvieron en desacuerdo y, en forma unánime decidieron que no estaban de acuerdo con esa interpretación legal: ni uno solo votó en favor de la postura del gobierno.
Según la decisión, el gobierno debe probar que el “acto ilegal cometido por el solicitante, jugó un rol en la adquisición de la ciudadanía”.
El fallo de la corte es buena noticia, especialmente considerando que durante la campaña presidencial antes de ser electo, el ahora presidente Donald Trump dijo que “cualquier persona que quemara la bandera en una protesta, debía perder su ciudadanía o ir a la cárcel”.
Según las cifras más recientes, Estados Unidos rara vez inicia el proceso de “desnaturalizar” a una persona, y en el siglo XX hubo algunos cientos de casos que implicaron a nazis y personas involucradas en crímenes de guerra.