Colorado pone en vigor nuevas regulaciones para notarios públicos

Los notarios de Colorado deberán explicar a sus clientes hispanohablantes que no están autorizados a ejercer como abogados, a menos que cuenten con un título que los acredite como tal, según una norma firmada hoy por el gobernador estatal, John Hickenlooper.
La norma, impulsada por el congresista demócrata Dan Pabón, busca atajar el fraude contra inmigrantes e indocumentados por parte de algunos notarios, que en EE.UU. tienen diferentes facultades que en los países de América Latina.
Los Estatutos Revisados de Colorado indican que el notario («notary public», en inglés) «está prohibido preparar documentos legales o actuar como consejero legal, excepto que sea un abogado licenciado».
De igual modo, señala que un notario «no puede responder a preguntas sobre temas legales ni ofrecer consejos sobre ningún documento en particular».
La norma busca despejar la confusión que suscita la similitud de «notario» y «notary», ya que en varios países de América Latina el «notario» es «una persona con considerables habilidades y estudios en temas legales», según la definición de la Corte Suprema de Colorado.
Por el contrario, el «notary» es una persona que verifica la autenticidad de la firma de un documento o recibe una declaración jurada sobre la veracidad del contenido del documento.
Según la nueva ley, «la práctica de algunas personas, que no son abogados, de proveer asesoría legal o servicios relacionados con temas inmigratorios tiene un impacto negativo en las personas que usan esos servicios».
Para el senador Jessie Ulinarri, la nueva ley es simplemente la extensión de leyes similares que ya se aplican, por ejemplo, a los agentes inmobiliarios y a los preparadores de impuestos, quienes tampoco pueden ofrecer asesoría legal a sus clientes.
El legislador puntualizó que la nueva ley exige que los notarios «provean una definición legal» de lo que pueden y no pueden hacer, y quienes incumplan la nueva ley pueden ser acusados de ganancias ilegales obtenidas por fraude o de práctica no autorizada del derecho, sujeto a severas penas civiles y criminales.
Pabón anticipa que la ley protegerá a «miles» de los cerca de 540.000 inmigrantes de Colorado, incluyendo unos 150.000 indocumentados.

EFE