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Lideres de agencias del orden a nivel de condado y ciudad de San Bernardino se mostraron sorprendidos de que el fiscal general Jeff Sessions los haya amenazado por considerarlos una ciudad santuario junto a tres jurisdicciones más y dijeron que no pueden cumplir con requerido a menos que haya un cambio en las leyes.
Sessions envió cartas a cuatro “ciudades santuario” amenzando con bloquear el acceso a fondos de un programa para combatir la violencia armada y la criminalidad si no cooperan en la lucha contra la inmigración ilegal.
San Bernardino no se ha declarado una ciudad santuario, que se definen como aquellas que por decisión municipal no persiguen a los inmigrantes por su estatus migratorio.
El Departamento de Justicia (DOJ) envió cartas a las autoridades de Albuquerque (Nuevo México), Baltimore (Maryland), San Bernardino y Stockton (California), que habían expresado interés en el programa Colaboración en Seguridad Pública (PSP, en sus siglas en inglés), anunciado el pasado junio.
Esas ciudades no podrán optar a esas ayudas a menos que colaboren con los agentes federales en materia de inmigración irregular.
“El Departamento de Justicia está comprometido con el apoyo a nuestras fuerzas del orden a todos los niveles y, por eso, pedimos a las jurisdicciones “santuario” que dejen de hacer más difícil su trabajo”, afirmó Sessions en un comunicado.
“Al tener en cuenta consideraciones sencillas y de sentido común, animamos a todas las jurisdicciones de este país a cooperar con las fuerzas del orden federales”, agregó el fiscal general.
Para participar en el citado programa, las ciudades interesadas deben probar que permitirán a agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que pueden acceder a sus cárceles para interrogar a personas sospechosas de ingreso ilegal en el país.
Asimismo, esas localidades deben dar un aviso a DHS, con 48 horas de antelación, de cualquier plan para liberar a un inmigrante ilegal.
Las cárceles del condado de San Bernardino serían las únicas que podrían tener injerencia en esto.
Y el Departamento del Sheriff indicó que no pueden hacerlo, pues esto sería inconstitucional.
“No podemos hacerlo, nos demandarían. Es un desafío que no se va a resolver a menos que el (Departamento de Justicia) cree algún tipo de programa donde un juez provea una orden de captura, y entonces sí estaremos más que felices de mantenerlos más tiempo”, dijo el Tte. Tte. Sarkis Ohannessian del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino a San Bernardino Sun.
“Todo esto sobre el recorte de fondos para que violemos la ley de California se pueden arreglar si (el gobierno) federal emite órdenes de arresto para (los presos) que quieran. ¡Simple!”, indicó en Twitter el Tte. Ohannessian.
Por su parte el jefe policial de la ciudad de San Bernardino, Jarrod Burguan, recalcó que “San Bernardino no es una ciudad santuario”.
“Nunca he mos tomado acción para declararnos como una ciudad santuario. No hay nada en nuestras políticas que nos prohibiría cooperar (con lo que pide el fiscal general)”.
San Bernardino, y las otras tres ciudades, tienen hasta el 18 de agosto para acatar la solicitud del DOJ. Si no lo hacen, podrían perder también muchos otros millones en fondos federales.
De hecho, la ciudad de San Bernardino y Fontana comparten un donativo federal por $546,000 que cubren el pago de 11 policías y un programa de cámaras corporales.
Burguan dijo que respondería al DOJ antes del 18 de agosto y que cooperaría con autoridades federales si se lo piden.
Activistas preocupados
Activistas proinmigrantes no tardaron en levantar la voz en contra de estas amenazas por parte del fiscal general.
En un comunicado, el director de Inland Coalition for Immigrant Justice, Javier Hernández, pidió a la ciudad proteger a todos sus resdientes.
“La seguridad pública se verá drásticamente amenazada si las agencias del orden local es cómplice en los planes de la Administración para propagar termor en las comunidades inmigrantes y separan familias.
“Los ataques continuos por parte del fiscal general Sessions y el Sheriff (John) McMahon están creando un ambiente hostil para las comunidades inmigrantes en San Bernardino, generando miedo en vez de confianza”.
Con información de EFE
