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Las principales organizaciones hispanas pedirán al presidente electo, Donald Trump, que revierta su promesa de deportar a los inmigrantes indocumentados, a la vez que elaboran estrategias para defender a los “DREAMers” de posibles redadas y deportaciones.
Durante una conferencia de prensa, los activistas se congratularon por la histórica participación de los poco más de 13 millones de latinos que votaron en 2016, pero advirtieron de que Trump debe gobernar “con justicia” y equidad.
Es el mensaje que piensan transmitirle si Trump acepta su solicitud de una reunión formal, aunque el presidente electo aún no ha respondido.
“Haremos todo lo posible respecto a cómo resistir políticas nocivas que separen a nuestras familias y que amanecen a nuestra comunidad. Vamos a examinar toda ruta, toda oportunidad para proteger a nuestra comunidad; tenemos muchas reuniones para elaborar estrategias”, explicó Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR).
Según Murguía, grupos como MALDEF, la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) estudian “estrategias de litigio” para responder a las posibles acciones policiales de Trump contra los inmigrantes.
Trump lanzó su candidatura presidencial en junio de 2015 con promesas de construir un muro en la frontera sur, eliminar los alivios migratorios del presidente Barack Obama y el “DACA” de 2012 que ha protegido a hasta 800,000 “DREAMers”, y deportar a los once millones de inmigrantes indocumentados.
En las postrimerías de su contienda, sin embargo, Trump matizó que su prioridad será deportar primero a los indocumentados con antecedentes penales, y después decidirá qué hacer con el resto.
“Hasta que no obtengamos detalles, hasta que no sepamos qué planes va a promover, no podemos dar plenas garantías a nuestra comunidad. No podemos eliminar cada duda o miedo”, advirtió Murguía.
Nadie sabe con certeza qué hará Trump pero, en declaraciones a este diario, el abogado de Inmigración, David Leopold, explicó que el entrante presidente tendría ante sí varias opciones para desmantelar el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, y las medidas ejecutivas con los alivios migratorios.
