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Los activistas alegan que la medida en lugar de proteger a los menores de las redes de tráfico de personas, los priva de poder reunirse con sus padres o sus familiares que podrán ser encarcelados o deportados.
«Mientras la Administración alega que está persiguiendo a los contrabandistas, está usando a cambio a los niños para agarrar a sus padres y finalmente separar las familias», afirmó hoy Philip Wolgin, director administrativo de inmigración del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP).
«Esta es una decisión cruel e inmoral contraria a los valores de nuestro país», agregó.
No obstante, de acuerdo con una declaración enviada por Jennifer Elzea, subsecretaria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las autoridades de inmigración buscan «interrumpir y desmantelar de extremo a extremo las vías ilícitas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales y los facilitadores del tráfico humano».
La entidad recordó que pagar por servicios de tráfico humano es un delito y ello incluye a quienes pagan para que menores de edad sean traídos a Estados Unidos.
Los activistas reiteraron que las medidas van en contra de los padres, lo que afecta a los niños tanto a corto como a largo plazo.
