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Los fiscales de 16 estados enviaron una carta al Gobierno del presidente Donald Trump urgiéndolo a retirar una propuesta que busca restringir la aprobación de permisos de trabajo a extranjeros con orden de deportación, que afectaría cerca de 17,000 inmigrantes.
La misiva encabezada por el fiscal de California, Xavier Becerra, y la procuradora de Nueva York, Letitia James, advierte que la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) provocará un daño económico directo en las comunidades de inmigrantes, las pequeñas empresas y los estados.
Además, los fiscales advierten que la nueva regulación es contraria a la ley.
La nueva regulación se encuentra en el periodo de 60 días para recibir comentarios sobre la “Autorización de empleos para ciertas clases de extranjeros con órdenes de expulsión definitivas”.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), bajo las regulaciones actuales “un extranjero que tiene una orden final de remoción y que es liberado temporalmente de la custodia del DHS bajo una orden de supervisión (OSUP) es generalmente elegible para un documento de autorización de empleo (EAD)”.
“Esto desalienta al extranjero de partir o cooperar con su país de origen para obtener documentos de viaje para salir de Estados Unidos. Estos extranjeros han utilizado recursos gubernamentales sustanciales durante todo el proceso de remoción y en última instancia un juez de inmigración les ha ordenado su remoción de Estados Unidos”, explicó USCIS en un comunicado al emitir la regla en noviembre pasado.
Al respecto, Becerra dijo en un comunicado que “no se debe negar a las familias inmigrantes trabajadoras la oportunidad de obtener un ingreso básico para mantenerse a flote. No están pidiendo limosna”.
