El Mexicano News Providing local and national news
(EFE).- Miles de personas, muchas de ellas migrantes indocumentados, están siendo desalojadas de sus casas en varios suburbios de Pekín como parte de una campaña gubernamental para aumentar la seguridad, después de que un incendio provocase 19 muertos, 8 de ellos niños, hace diez días en la capital china.
El trágico suceso desembocó en la decisión del Gobierno chino de lanzar una campaña de 40 días para examinar las medidas antiincendios de los inmuebles de la ciudad y sus suburbios, que ha acabado convirtiéndose en el desalojo masivo de miles de personas de sus hogares, en su mayoría trabajadores migrantes.
«El 23 de noviembre colgaron un anuncio en mi edificio que decía que la gente tenía que irse antes del día 27 y que si no nos marchábamos nos cortarían la luz, el agua y el gas», explicó hoy a Efe Wang Xia, una mujer de 37 años que usa un nombre ficticio.
Wang, que vivía en el barrio de Huangcun (en el sur de la capital) desde hace cuatro años, ocupaba hasta ayer, junto con su marido y sus dos hijos adolescentes, un pequeño habitáculo con una cama de matrimonio y una cocina -pero sin baño-, por el que pagaba 1.450 yuanes mensuales (unos 219 dólares o 185 euros).
En este tipo de inmuebles no es habitual firmar un contrato de alquiler, aunque Wang reconoció haber tenido suerte con su casero, que se ha comprometido a devolverle parte del dinero adelantado.
En la nota informativa divulgada por la Oficina de Inspección y Seguridad, también se exigía el cierre de cualquier negocio, lo que ha generado las protestas de los comerciantes de la zona, no sólo por las pérdidas económicas que puede generar, sino porque muchos de sus empleados se alojaban en las inmediaciones.
Pero la indignación ha ido más allá de los afectados y el viernes pasado más de un centenar de intelectuales chinos, incluidos académicos, abogados y artistas, enviaron a las autoridades una carta en la que exigían el fin de la campaña, que calificaron como «despiadada» y «en contra de los derechos humanos».
«Pekín tiene la obligación de ser agradecido con todos los ciudadanos chinos (…) en vez de pagarles con arrogancia, discriminación y humillación», se indicaba en el documento.
En la misiva, que circula en internet, se destaca que la capital china no ha llegado a ser lo que es hoy únicamente gracias a los pequineses, sino a todos los miles de trabajadores emigrantes llegados cada año de todos los puntos de China.
La emigración del campo a la ciudad no es libre en China, pero decenas de millones de trabajadores han sorteado la legalidad de forma tolerada en todo el país para alimentar las gigantescas necesidades de la industria y la construcción durante el despegue económico.
El líder del Partido Comunista de China (PCCh) en Pekín, Cai Qi, habló ayer públicamente por primera vez del asunto para reconocer que el proceso se ha llevado a cabo de forma algo «acelerada».
En una reunión municipal sobre temas de seguridad, Cai afirmó que a aquellos a los que se va a desalojar «se les debería dar más tiempo para irse», aunque también defendió la necesidad de mantener la iniciativa con el fin de atajar «grandes y descuidados peligros», recoge hoy el diario hongkonés South China Mornig Post.
También los internautas chinos han generado mucho ruido. «Los graduados universitarios que quieran venir a Pekín tendrán que pensárselo dos veces; a lo mejor esta ciudad no les da la bienvenida», ironizaba un usuario en la red social Weibo, el Twitter chino, mientras otros atacaban la gestión de las autoridades.
No obstante, en los últimos días también ha habido lugar para la solidaridad. En WeChat, el servicio chino de mensajería instantánea, cientos de personas ofrecen a los afectados alojamiento, trabajo o transporte a través de diferentes grupos de ayuda.
